Hace poco más de un mes, este diario reportó las condiciones en las que vivía Édgar Enrique Bayardo del Villar, ex alto mando de la Policía Federal que confesó haber trabajado durante 20 años para organizaciones de narcotraficantes. Convertido en testigo protegido de la Procuraduría General de la República (PRG), Bayardo del Villar —de nombre clave Tigre— consiguió que se detuvieran las acusaciones en su contra, la devolución de sus bienes y, además, una compensación de 50 mil pesos mensuales. En resumen, una cuestionable recompensa por haber abandonado el lado de los criminales para pasar a cooperar con la autoridad en una estrategia anticorrupción puesta en marcha el año pasado, la llamada “Operación Limpieza”.
A esos elementos que revestían de polémica al programa de testigos protegidos se suma ahora otro más: la seguridad de quienes se han incorporado en él.
Ayer, Bayardo del Villar fue asesinado en una cafetería del Distrito Federal. Dos sicarios vestidos de traje que entraron al local abrieron fuego en su contra y con ello también hirieron a su escolta y a una clienta. Su muerte, sin embargo, no ha sido la única. El sábado 21 de noviembre la PGR informó que Jesús Zambada Reyes, hijo del presunto narcotraficante Reyes Reinaldo Zambada García, El Rey, se suicidó ahorcándose en una casa que perteneciera al capo Amado Carrillo Fuentes, igualmente, en la capital del país.
Con dos testigos protegidos fallecidos en menos de dos semanas, cabe preguntarse cuáles son las garantías de seguridad con las que cuentan las personas que deciden unirse a este programa. La interrogante cobra mayor sentido si se voltea a ver los abundantes testimonios que consignan que en nuestros sistemas de detención y arraigo no predominan la ley y el orden, sino la corrupción. Si en ellos puede adquirirse todo tipo de privilegios —bebidas alcohólicas, cigarrillos, celulares o servicios de prostitución—, ¿por qué los grupos delictivos no podrían comprar la vida de alguien que considerarían un traidor o un soplón?
Aunque el uso de testigos protegidos sea legal en México como en otras 120 naciones, depender de ellos en el combate al crimen organizado encarna serios riesgos. Así lo evidencian las muertes de Bayardo del Villar y Zambada, ambos relacionados con investigaciones en torno del cártel de Sinaloa.
Dada la opacidad que impera en la procuración de justicia, la infiltración del hampa en las instituciones del Estado y el contexto de “guerra contra el narco” que vive el país, depositar tanta confianza en delincuentes arrepentidos resulta demasiado peligroso pues puede dar pie a seguir pistas falsas, inculpar inocentes o prestarse a venganzas entre grupos criminales. El asesinato de este martes es una señal más para que el gobierno federal revise la utilización de este recurso.
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