Más allá de la inconformidad creada por el alza en los impuestos, de la que el PAN y el PRI han pretendido evadir su paternidad, la discusión del paquete fiscal ha puesto en evidencia la naturaleza inequitativa y excluyente del sistema fiscal mexicano, sustentado en el gravamen al consumo y los ingresos de la inmensa mayoría de la población cautiva en el sector formal de la economía, y en la vigencia de un sistema de privilegios a las grandes corporaciones nacionales y extranjeras, que mediante diversas disposiciones, como los llamados gastos fiscales, consolidan, deducen, evaden o reciben reembolsos de los impuestos que deberían pagar al igual que cualquier otro ciudadano o pequeña empresa.La nueva legislación fiscal no sólo hace prevalecer este esquema de privilegios, sino que los amplía de manera contraria al interés nacional, ya que al margen del falso festín del priísmo al alardear respecto a que no se gravaron alimentos ni medicinas, se premia, entre otros, de nueva cuenta a las grandes empresas de telecomunicación que diversificarán su actuación con las nuevas concesiones del espacio radioeléctrico en los servicios de tercera generación en telefonía móvil, conocidos como triple play, que permitirán ver televisión y acceder a internet a través de la telefonía celular. Estas concesiones permitirán “el uso, goce, aprovechamiento o explotación del espectro radioléctrico” de la banda que va de los mil 710 a los mil 770 megahercios (mhz), y de los 2 mil 100 a los 2 mil 160 mhz, y serán licitadas en bloques, dos redes nacionales de 30 mhz y otros tres segmentos regionales de 10 mhz. Se trata del espectro radioeléctrico más rentable en la actualidad y la banda más codiciada en el mercado de telecomunicaciones, pues empresas y especialistas consideran que quien esté fuera de la banda de 1.7 mhz quedará fuera del mercado en las próximas dos décadas. De ésta serán beneficiarios unos cuantos consorcios nacionales y extranjeros, como Televisa, Nextel, Telcel, Iusacell o Telefónica, a los que se exentará durante dos años del pago de derechos por cuando menos 2 mil 800 millones de pesos anuales, para —de acuerdo con los impulsores de la exención— “incentivarlos en los años de fuerte inversión”, cuando licitaciones similares en Estados Unidos recaudaron hasta 13 mil 480 millones de dólares, por una concesión a siete años, cuando en México se otorgan hasta por 20 años. Con ello, el erario nacional dejará de percibir alrededor de 6 mil millones de pesos, más del doble de los 2 mil 500 millones de pesos que se espera recaudar por el incremento al 3% en el Impuesto a los Depósitos en Efectivo. Nada justifica, ni económica ni jurídica ni socialmente, esta medida. Se trata simple y llanamente de un nuevo privilegio a los poderes fácticos que dominan el país, y que con su enorme poder subordinan y doblegan al interés privado a las instituciones públicas, en este caso a las cámaras del Congreso, aunque cabe señalar que muchos de los legisladores que las integran lo hacen de buena gana, pues en aras de evitar someter su imagen personal a la censura o el cuestionamiento por las televisoras, de manera vergonzante empeñan los intereses del país. alejandro.encinas@congreso.gob.mx Coordinador de los diputados federales del PRD |
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