BUENOS AIRES.— Integrantes clave del equipo del presidente Felipe Calderón, como el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y el de Comunicaciones, Juan Molinar, han sostenido en las últimas semanas discretos coloquios con especialistas internacionales, con una inquietud específica: hacia dónde cambiar el modelo de operación de los medios mexicanos, especialmente la radio y la televisión.

No es casual que entre esos expertos se hallen dirigentes de la Asociación Internacional de Radiodifusión, la entidad que recoge no sólo las experiencias, sino los intereses representados en esta industria, y cuya visión puede representar en su momento un aval para las propuestas legislativas que impulse Los Pinos, según pudo saberse en fuentes que participan aquí en la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Entre las empresas mexicanas del sector y en el ámbito político todo, viene creciendo la certidumbre de que el gobierno dará un manotazo que sirva de complemento y equilibrio político no sólo a su decisión de aplastar al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), sino también al veto impuesto a Carlos Slim para participar en el negocio de la televisión.

Este será el tema “fantasma” del encuentro internacional de radiodifusoras que se realizará esta semana con la presencia del presidente Calderón, el mismo al que los empresarios agrupados en la Cámara de la Radio y la Televisión le ofrecieron hace algunas semanas una larguísima ovación de pie; el mismo también cuyos gestos serán seguramente escrutados al detalle durante este nuevo encuentro.

La reunión de la SIP en Buenos Aires ha estado dominada —además de la crisis galopante en los periódicos— por el estupor ante la nueva ley de medios impulsada por el gobierno Kirchner y recién aprobada por el Congreso, la cual limita el número y tipo de concesiones que un grupo puede acumular, lo que obliga a consorcios como el Grupo Clarín a malbaratar una parte sustancial de sus activos y renunciar a la posición monopólica que ostenta en televisión abierta y restringida, así como en estaciones de radio. La nueva legislación permite igualmente al gobierno controlar cierto tipo de contenidos.

En esa línea, en Ecuador el gobierno de Rafael Correa está por hacer aprobar una ley todavía más lesiva, pues incluye un consejo rector de los medios —periódicos incluso—, que otorgará licencias anuales de funcionamiento, impondrá la colegiación de periodistas y abrirá la puerta a otros mecanismos de control igualmente graves. Colombia, Nicaragua y El Salvador ya dan pasos en el mismo camino.

El tema ya no son las locuras del venezolano Hugo Chávez, que la comunidad internacional da por descontadas. Lo que está sucediendo en Argentina sí puede influir en el resto de la región, México incluido, e irónicamente ofrece al presidente Calderón y a su equipo un mayor margen de maniobra y de negociación con los consorcios mediáticos de la radio y la televisión.

Hasta ahora, las consultas que Gómez Mont y Molinar Horcasitas han cursado en las instancias referidas parecen concentrarse en los temas de cómo tener mayor flexibilidad ante radios comunitarias, sin perder su control, y la necesidad de crear un sistema de refrendo de concesiones más eficaz y justo.

El marco regulatorio existente en ambos campos impone tal rigidez que está llevando al gobierno a encarcelar a grupos indígenas que montan una minúscula radio en una zona marginal. Y es causa también de que decenas de concesiones de empresas radiofónicas no hayan sido renovadas pese a tener años vencidas, en algunos casos.

APUNTES: LA CUENTA FATAL

II MÉXICO volvió a concentrar la mayor alerta de la SIP debido al número de periodistas asesinados en su territorio y a la impunidad que domina en estos casos, cuya gravedad no es vista en ningún otro país que se precie de ser democrático: 13 diaristas victimados en el último año, ocho sólo en seis meses. Más de 50 desde que inició el gobierno de Calderón. Se confirma el debilitamiento, si no es que la extinción del Estado, en amplias regiones donde simplemente rige la ley de la selva, donde grupos criminales y autoridades cómplices se dedican silenciar a periodistas.

Egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ingresó a EL UNIVERSAL en 1978, donde desempeñó varias actividades profesionales como reportero de Información General, a cargo de diversas fuentes del sector político, subdirector Editorial de EL UNIVERSAL y Director Editorial General de El Gráfico y de EL UNIVERSAL.

Además, es coautor de los libros “Zócalo Rojo”, “Comunicación y Transparencia de los poderes del Estado” y “Representación política y toma de decisiones”.

Fue miembro en el año 2001, del “Grupo Oaxaca”, promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública en México. Actualmente, Roberto Rock es vicepresidente de la Comisión Contra la Impunidad de la Sociedad Interamericana de Prensa –SIP-