El muro de Berlín fue derruido en 1989. Entonces no habían nacido los que mañana habrán cumplido 20 años de edad. Para casi un tercio de la población mundial la guerra fría, el totalitarismo soviético y la resistencia contra el estalinismo son temas ajenos, historia antigua. Para los dos tercios restantes es un tema coetáneo; uno de los más contundentes, si los hay, después de la caída del Tercer Reich.Es probable que no haya un hecho más definitorio del rumbo mundial en la segunda mitad del siglo XX que el fin de la Unión Soviética, la caída del muro y la reunificación de Alemania. Sin los dos primeros, la democracia no tendría la extensión de ahora al abarcar casi a la mitad de la humanidad; con la tercera se ha superado la extrema polarización que el peso de Alemania significó en Europa durante la primera mitad del siglo pasado y la tragedia que implicó su partición en dos estados. El fin de la Unión Soviética y de la división de Alemania son dos de las piedras angulares que edifican la fisonomía del siglo XXI, como lo son también sus secuelas: el desvanecimiento de la guerra fría, la globalización económica y comunicacional, y la aparición de conflictos armados regionales regulados por una sola potencia. Pero hay otras consecuencias menos tangibles y de gran trascendencia para la época inaugurada por la caída del muro. Ésta puso en el centro de la política mundial la importancia de los derechos humanos y de la democracia. La segunda se ha ido abriendo paso como parte de los primeros. La experiencia del totalitarismo, primero el nazi-fascista y luego el sino-soviético, con su atroz carga de sufrimiento por los crímenes de lesa humanidad y el dislocamiento de la conciencia humana que implicaron, ha conducido a una radicalización del pensamiento democrático. Y no se trata de cualquier concepto de democracia. Con el totalitarismo falleció también la idea de la “voluntad general” acuñada por Rousseau, fatalmente unida al criterio mayoritarista conducente en no pocos casos al autoritarismo e, incluso, al totalitarismo. Vivimos una época de progresiva transformación de los paradigmas conceptuales y axiológicos con los que tratamos de ordenar el mundo político y social. Las posturas políticas tradicionales quedaron dislocadas frente a la multiplicidad de problemas que atender con políticas públicas puntuales: medio ambiente, diversidad étnica, cultural y de preferencias personales; fuentes alternas de energía, búsqueda de la multipolarización y control de fenómenos para los que no están dotados los estados nacionales, como la delincuencia internacional o los superpoderes económicos multinacionales. Desde luego, no vivimos en un jardín de rosas, pero los problemas son radicalmente diferentes a los que se enfrentaban hace medio o un siglo. Y no se pueden encarar sin la profundización de esos dos elementos básicos de la explosión social que derrumbó el totalitarismo: los derechos humanos y la democracia. En la democracia los titulares del poder son los ciudadanos. Pero no cualquiera, sino el ciudadano democrático (¡pues los hay que no lo son!), que acepta que sus propios derechos son también derechos de los otros. La única garantía de esta aceptación, hoy por hoy, es el sometimiento de cada uno a las normas que emanan de los cuerpos legislativos democráticamente electos y, a la vez, la participación de la ciudadanía a través de múltiples expresiones, en la profundización de la representatividad de esos cuerpos. Este problema heredado de la larga contención de la democracia por el totalitarismo en el siglo pasado es una asignatura pendiente. Por una parte, no se puede edificar un Estado democrático sin instituciones representativas, por el otro, éstas no pueden evolucionar sino a través de la actividad legítima de los ciudadanos en la esfera pública, que es el ámbito en que se desenvuelve la conciencia de la realidad y las preferencias sobre los rumbos a seguir. La disyuntiva entre democracia representativa y participativa es falsa. De hecho, ambas se necesitan una a la otra pero en equilibrio. La primera garantiza en la división de poderes el principio contramayoritario que protege a las minorías de los abusos de la “voluntad general”, y la segunda promueve que la brecha natural entre representantes y representados disminuya por la disponibilidad de medios y técnicas para estar en permanente comunicación. Sin embargo, mucho está por hacerse pues al cambio de la realidad y de los medios a nuestra disposición no es acompañada a la par de una conciencia común capaz de aprovecharlos. Este es una de los problemas patentemente evidenciados a 20 años de la caída del muro. ugalde@unam.mx Investigador del Instituto deInvestigaciones Sociales de la UNAM | 
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