Es importante que como ciudadanos y contribuyentes comprendamos el porqué de este incremento en el pago de impuestos, y que vayamos desterrando los mensajes mediáticos que descalifican el quehacer público con ejemplos mínimos de desperdicio en el gasto público. El dispendio por pequeño que sea es inaceptable y hay que erradicarlo.

Lo primero es reconocer que los mexicanos hemos perdido riqueza. En los últimos 10 años hemos consumido más de 10 mil 600 millones de barriles de petróleo, con lo que las reservas probadas disminuyeron 43% a las que había en 1999. Este uso de reservas, valuadas a un precio promedio de 45 dólares por barril (dpb), representa 477 mil millones de dólares o casi la mitad de lo que producimos los mexicanos en un año. Estos recursos se utilizaron primordialmente para complementar el costo del gasto en educación, salud y seguridad social del gobierno federal y de los gobiernos estatales y municipales. También Pemex dispuso de estos recursos para su gasto de operación, y en poca medida para la inversión, pues ésta se financió a través de los llamados pidiregas.

Lo segundo es tomar en cuenta que la producción de petróleo crudo se redujo. A partir del pico alcanzado en octubre de 2004 a la fecha, Pemex extrae cerca de 800 mil barriles diarios menos. Mientras los precios del petróleo iban al alza y éstos alcanzaron en julio de 2008 un máximo histórico, la gravedad de la situación petrolera pasó inadvertida. Con la baja drástica de la cotización del crudo, la crisis se hizo presente con un menor flujo de ingresos.

El golpe es de tal magnitud que mientras que en 2008 40 centavos de cada peso que ingresó a la Tesorería de la Federación correspondieron a derechos sobre hidrocarburos, en lo que va de 2009 hasta septiembre fueron 23 centavos de cada peso. De suponer incluso que se hubiera mantenido el mismo nivel de ingresos fiscales que en 2008, esta proporción habría sido aún sustancialmente menor.

Con menos reservas probadas, menor producción y precios más bajos de petróleo, la capacidad de pago del erario ha disminuido. En consecuencia, el ajuste fiscal es indispensable e impostergable. Por ello hay que reducir el gasto y mostrar que los ingresos de fuentes recurrentes aumentarán, para con ello sustentar la emisión de deuda que se hará también por la caída de los ingresos tributarios que ocasionó la recesión.

Lo tercero a considerar, por lo que en el futuro pagaremos más impuestos, es que la recién aprobada Ley de Ingresos de la Federación para 2010 es más débil que la propuesta enviada por el Ejecutivo federal, por las siguientes razones. Primera, contempla más deuda pública para el gobierno federal que la propuesta original. El endeudamiento solicitado era por 340 mmdp, y el Congreso elevó el límite a 380 mmdp. Más deuda pública es sinónimo de más impuestos en el futuro.

Segunda, la nueva Contribución para el Combate a la Pobreza que se propuso del 2% sobre la base de todo el consumo fue sustituida por un aumento de la tasa del IVA de 15% a 16% sobre una base menor que es el consumo sin alimentos y medicinas. Con ello se perdió la oportunidad de dar un paso para generalizar tasas y con ello cerrarle espacios a la evasión fiscal. Sin embargo, fue muy acertado iniciar la convergencia entre el IVA que se paga en frontera y el que pagamos en el resto del país.

Tercera, no es una práctica sana aumentar la estimación del precio del petróleo para ajustar los ingresos que faltan. El aumento de 53.9 a 59 dpb sólo introducirá incertidumbre al ejercicio del gasto. Más aún, con esta medida lograron que se aprobara una cantidad negativa de IEPS por combustibles automotrices.

Cuarta, es muy positivo se siga gravando a la informalidad, por lo que el aumento de la tasa del Impuesto sobre los Depósitos en Efectivo de 2% a 3% y la disminución del monto de 25 mil a 15 mil pesos es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, tampoco es solución a la precariedad de la hacienda pública.

Quinta, con todas las modificaciones efectuadas, el monto de la recaudación de impuestos y derechos que va a los gobiernos estatales, que son las participaciones, será menor y tendrá más volatilidad.

Además de estas cuatro razones, debemos crear conciencia de que a pesar de este aumento de impuestos, el gasto público en educación, salud, seguridad social y seguridad pública aún no podrá cubrirse con nuestras contribuciones. Por lo que más temprano que tarde tendremos que emprender acciones tributarias que amplíen la base del número de contribuyentes, que con la estructura tributaria actual y los argumentos electoreros prevalecientes es imposible de lograr. Dejemos de consumir los ingresos del petróleo y paguemos lo que corresponda exigiendo que no haya despilfarros con el gasto público.

Economista

Consultor especializado en temas de finanzas públicas, presupuesto y energía. Fue secretario general de la Fundación Colosio A.C. Diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la LVIII Legislatura. Con maestría y doctorado por The Ohio State University. Ha sido subsecretario de Política de Energía, director general de Política Presupuestal, así como jefe de la Unidad de Política y Control Presupuestal en la Subsecretaría de Egresos; director de Planeación Financiera y director de Deuda Pública, en la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público.