Fernández tiene razón porque en su discurso está retratando a un sector de la población que ha recibido con buen ánimo el mensaje del político. Personas que han sido víctimas de la inseguridad —como el mismo alcalde, que según cuenta ha padecido en carne propia los intentos de secuestro — y que al acudir a una autoridad han encontrado respuestas como las que critica Fernández: “A mí no me toca, yo no tengo facultades”. Víctimas del crimen —directa o indirectamente— que incluso coinciden con su diagnóstico de que el Poder Legislativo no ha estado a la altura de las circunstancias, y el Poder Judicial “a veces está coludido con los propios delincuentes”.

Por eso, aunque no nos guste admitirlo, la imagen de un político que encabeza un grupo de “limpia” que acabe con el crimen organizado es una idea muy atractiva, lo que podría explicar la ovación de cinco minutos que dice recibió al anunciar sus planes.

Pero Mauricio Fernández está equivocado, profundamente equivocado. Porque en su respuesta no está contribuyendo a resolver el problema sino a agravarlo. En primer lugar, porque en múltiples entrevistas ha admitido que en sus planes está realizar acciones que no están permitidas por la ley, entre ellas, detener personas para entregarlas al Ejército o alguna otra autoridad. ¿Con qué facultad? Con ninguna. También ha dicho que expulsará a los delincuentes, “por la buena o por la mala... lo que eso implique”, ambigüedad que incluso ha reafirmado al decir que “al buen entendedor, pocas palabras”. Expresiones que han dejado en claro que en su propósito de poner orden piensa construir estructuras paralelas a las que el municipio contempla, las cuales estarán bajo sus órdenes.

Este hecho por sí mismo debería ser suficiente para disuadir a quienes ven en esta política una esperanza. O cómo entender que no confiemos en el Estado, con los controles que tiene, pero sí estemos dispuestos a ponernos en las manos de un grupo de personas armadas que no conocemos, que no son supervisadas por nadie más que el alcalde y que se rigen por un supuesto afán de justicia que nadie puede acotar.

Si en México hemos visto que incluso personas que son vigiladas —como policías federales o algunos militares— han cometido abusos, robos, violaciones, ¿qué seguridad habría de que no se multipliquen estos hechos si no hay ninguna posibilidad de represalia? Foco rojo al que se suman los posibles maltratos a personas inocentes, lo cual ya ocurre dentro de nuestro sistema legal, con más razón en un marco paralelo. ¿Existe alguna garantía de que el “sistema de inteligencia” del alcalde no sea usado con fines políticos o personales?

La realidad es que hoy por hoy, aun con los controles que tenemos, no hay confianza en los órganos encargados de procurar justicia. Sin embargo, todos reconocemos que hay instrumentos para denunciar y vigilar su papel. Lo cierto es que en estos cuerpos paralelos propuestos por el alcalde no habría ninguna instancia a la cual apelar, pues de antemano se asume que no existen leyes que regulen su actuación. En otras palabras: no creemos en la policía, pero parece que estamos dispuestos a creer en “grupos de limpieza” —marcados por la opacidad— que dependen de la voluntad de un político, lo cual no deja de ser una paradoja.

Finalmente, la experiencia demuestra que este tipo de experimentos siempre acaban mal. Así ha ocurrido en Centro y Sudamérica con los grupos que combatieron a las guerrillas y a los narcos, y la causa es siempre la misma: el grupo que hoy mata extorsionadores el día de mañana se convierte en el extorsionador.

El caso de Mauricio Fernández es preocupante porque muestra la manera en que entiende el poder público, pero es aún más grave porque encuentra eco en una sociedad que harta de la impunidad parece dispuesta a creer en este tipo de aventuras, así sea a costa de su propia seguridad. Y eso es algo que todos los actores deberían tomar en cuenta más allá de la descalificación.

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Politólogo y periodista