Una vez más se evidencia que los jefes de las principales fuerzas políticas no sirven a las mayorías, sino a los grandes intereses económicos y políticos; no tienen sentido de país ni visión de Estado.

Hoy, algunos de los cabilderos de ayer (como ocurre con Sebastián Lerdo de Tejada) son diputados federales, y al revés, pero siguen con sus viejas querencias, como se muestra en el caso de las tabacaleras. Los incrementos autorizados a los precios de las cajetillas de cigarros son medrosos: unos cuantos centavos hasta llegar, en varios años, a dos pesos, desestimando los duros impactos del tabaquismo en los programas de salud (unos 30 mil millones de pesos al año según la SHCP, 45 mil según la Secretaría de Salud).

En el sentido de sus votos, los legisladores comprueban a quiénes sirven. Cuidan su carrera política (no vaya a ser que se les enojen sus patronos), por eso aprueban impuestos que se recargan en la mayoría dejando que los poderes fácticos se lleven, como siempre, la tajada del león. Tenemos una larga historia de fraudes dentro de la ley; eso son, y no otra cosa, las evasiones fiscales que posibilita la “consolidación fiscal”, esquema surgido en 1982 y “perfeccionado” en 1999, por medio del cual las grandes corporaciones (controladoras o holdings) hacen de las suyas.

Las palabras, inusualmente severas, del presidente Felipe Calderón sobre los empresarios “que más ganan” y que regatean su contribución a la hacienda pública han generado controversias y un falso debate. ¿Cómo se atreve a señalar —claman muchos— que los empresarios carecen de sentido de solidaridad y a sugerir que carecen de patriotismo? ¿Por qué —dicen otros— un gobierno del PAN se enfrenta a sus aliados naturales, los empresarios?

Primero, Calderón no censuró al empresariado mexicano (esos cientos de miles de micro, medianos y grandes empresarios que, mal que bien, cumplen con sus responsabilidades), sino a una fracción minúscula de potentados, apenas algo más de 400 consorcios. Pero la respuesta tramposa de algunos dirigentes empresariales, en su papel de voceros de esos pocos que los han puesto allí (la falta de representatividad de muchos de los dirigentes empresariales es otro tema), pretendió ver en esas palabras una censura al sector empresarial como un todo.

Pero, en segundo lugar, eso de que “el PAN es el partido de los ricos y de los empresarios” es una etiqueta muy simplona; el verdadero partido de los más ricos ha sido y sigue siendo el PRI: fue al amparo y, muchas veces, con la complicidad del régimen priísta que se amasaron la mayoría de las grandes fortunas del México actual. La decisión de Calderón de señalar el abuso de los poderosos debe traducirse en una iniciativa de reformas que evite esos recovecos por los que se cuela la “ingeniería fiscal”.

Pero muchos de los grandes beneficiarios del modelo —los poderes fácticos que a partir de Salinas de Gortari han acrecentado su capacidad para doblegar a los poderes constitucionales— no están dispuestos a reducir sus utilidades y se conforman con tranquilizar su conciencia con filantropía y caridad. Por eso es imperativo que construya un acuerdo de todos los partidos políticos en el Congreso de la Unión para acabar con esos resquicios que permiten a “los dueños de México” defraudar al fisco sin violar la ley.

Una vez aprobada la miscelánea fiscal lo que sigue es la discusión del presupuesto. Es imperativo darle un seguimiento ciudadano al destino y a la eficacia del gasto. No se trata de gastar más sino de gastar con racionalidad y ética.

Desde que la Cámara de Diputados recuperó su atribución exclusiva de revisar y aprobar el presupuesto, la lógica prevaleciente ha sido el agandalle. No más recursos para seguir amamantando la alta burocracia. Las peticiones de incrementos presupuestales muestran, otra vez, una insensibilidad reprobable: la Oficina de la Presidencia solicita para 2010 un incremento presupuestal de 145.9 millones, superior en casi el 100% al que le autorizaron en 2009; la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura Federal y el Senado de la República pretenden un incremento de 20% en sus recursos…

No más fondos públicos para promover la imagen de los gobernantes y favorecer que sigan cultivando su megalomanía y a sus clientelas… Para engrosar el aparato burocrático y la nómina de un funcionariado que gana más y hace menos que sus homólogos en países desarrollados… Para que los grupos parlamentarios sigan sesionando en hoteles de gran lujo en los más exclusivos destinos de playa… Para el turismo parlamentario…

Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, SC

Alfonso Zárate Flores, director general de Grupo Consultor Interdisciplinario, S.C. (GCI), es licenciado en derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y maestro en Sociología Política por The London School of Economics and Political Science.

En el sector público fue, entre otros cargos, director general de Análisis Político en la Presidencia de la República, asesor del secretario de Relaciones Exteriores, asesor del subsecretario de Gobernación y en el ámbito académico fue director de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos (IMRED) y la Universidad Iberoamericana (UIA). Es autor y coautor de numerosos ensayos y artículos y de varios libros, entre ellos, Los usos del poder, Fin de siglo, fin de ciclo y Fox: los días perdidos.