De un lado, los intereses estatales por mediación de sus diputados de oposición exigirán al gobierno federal que reduzca su gasto e incremente el de ellos, mientras que el Ejecutivo federal demandará lo contrario. Se trata del pleito siempre mezquino y poco visionario que año con año presenciamos en la Cámara de Diputados.

Con razón Pedro Núñez, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), exigió a los diputados ser escrupulosos a la hora de determinar qué áreas requieren mayor austeridad.

El problema es que México no cuenta con indicadores suficientemente confiables y transparentes para saber dónde sería más eficaz realizar los recortes presupuestales.

Nuestro Congreso no tiene esos elementos para hacer este diagnóstico. Sabemos que el tamaño del gasto en el Poder Ejecutivo ha crecido junto con su burocracia porque la Ley de Transparencia a nivel federal funciona relativamente bien. Sin embargo, no ocurre lo mismo con las cámaras legislativas ni con el Poder Judicial. Pero de todos los componentes del Estado mexicano los más opacos, quienes menos obligación tienen de rendir cuentas y ser evaluados, son los poderes locales. Y es justo ahí donde con mayor notoriedad se ha incrementado el gasto.

Si se quiere un programa serio de austeridad como lo demanda el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, es indispensable un sistema riguroso de cuentas públicas no sólo en el ámbito federal, sino en los tres niveles del Estado mexicano.

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los derechos humanos, son los principios que rigen la editorial que día a día publica EL UNIVERSAL en torno a los acontecimientos principales en México y el resto del mundo.