En principio, el gasto público debería reflejar los intereses de la sociedad. En este sentido, la secuencia debería ser primero definir y acordar en qué y cuánto queremos gastar como sociedad y luego definir cómo financiamos ese gasto. En la realidad las cosas no funcionan así. Para empezar, hay que recordar que la mayor parte del paquete presupuestal (alrededor de 85% a 90% en promedio) está compuesto por lo que denominan gasto “irreductible” o inercial.

Esto es, el gasto requerido para mantener la estructura y programas ya existentes, muchos de los cuales fueron creados hace mucho tiempo y no necesariamente reflejan los intereses de la sociedad en este momento, pero que por diversos motivos (técnicos, políticos, etcétera) son difíciles de modificar. En consecuencia, la discusión termina siendo sobre el remanente.

En realidad, el llamado gasto irreductible no debiera ser inamovible. Absolutamente toda la estructura administrativa del sector público y sus programas debieran ser susceptibles de evaluación, y aquello que constituya redundancia, que muestre ineficiencias o represente programas fallidos por no haber logrado sus objetivos, debieran ser eliminados, fusionados o reestructurados. Por cierto, esto no puede realizarse en un par de semanas, por lo que independientemente de lo que suceda en estos días en el Congreso, sería muy útil que los legisladores acordaran entrar a un proceso con mayor tiempo que implicara una verdadera evaluación de la estructura actual de este gasto para tomar decisiones más serias el próximo año. En todo caso, poco veremos ahora en este sentido, más allá de algunas propuestas del Ejecutivo federal, por lo que la discusión será sobre los márgenes.

¿Qué puntos novedosos propone el Ejecutivo? Probablemente algo de lo más relevante es la propuesta de reducir ciertos gastos. En particular propone eliminar tres secretarias: Turismo, Reforma Agraria y Función Pública. Adicionalmente propone reducir en 5% las estructuras de altos mandos y estructuras administrativas en la Administración Federal. También reducir en 10% el gasto correspondiente a embajadas y representaciones y de delegaciones federales. En realidad es poco lo ofrecido ya que no es difícil asumir que existen mucho más rubros a los que se puede recurrir, pero creo que lo mejor sería hacerlo en el marco de una verdadero proceso de evaluación, profunda y documentada. Lo más curioso es que si bien, durante estas últimas semanas oímos muchas voces urgir una reducción en los gastos del sector público, ahora oiremos también muchas voces defendiendo a estas tres secretarías y a otros programas y gastos. Al final resulta, que con excepción de los sueldos y prestaciones de los altos funcionarios, todos los demás son gasto necesarios. Nadie quiere entrar a un proceso de evaluación profunda y reconocer que seguramente alguna parte de su presupuesto no pasaría pruebas más estrictas en esta evaluación. Y esto no sólo incumbe al gasto del gobierno federal, sino que se extiende a los otros poderes de la federación, así como a los Estados. Por ejemplo, frente a una propuesta de reducir los recursos destinados a los partidos políticos oímos todo tipo de argumento en defensa. Son gastos prioritarios o su reducción constituye una cantidad poco significativa. Es decir, no existe la posibilidad de que mediante múltiples ahorros se logre acumular un monto significativo, independientemente de que este es un gasto típicamente poco transparente.

Finalmente, el elemento dominante en la discusión de los próximos días será el tratar de “jalar agua para sus molinos”. Esto es, veremos grupos de legisladores, que bajo argumentos “convincentes” de defender a los pobres, a la educación y la ciencia, a la seguridad social, al campo, a los pequeños productores u otras funciones centrales para la sociedad, buscarán aumentar partidas que permitan legitimizarlos frente a su electorado. Como lo dije antes, reconozco los serios problemas de las finanzas públicas, pero no creo que el camino tomado sea el mejor en este momento o el único. Se nos pide un sacrificio. Espero que el Legislativo y los partidos políticos correspondan con su parte.

Investigador del CIDE y de la EGAP-ITESM-CCM