Fue una combinación ilógica de actores e intereses políticos. Se formó mayoría con 180 diputados del PRI, con 47 diputados del PAN, 17 del PVEM y ocho de Nueva Alianza. Quienes nos opusimos fuimos 68 diputados del PAN, cuatro del PRI, 57 del PRD, 10 del PT y cuatro de Convergencia. Hubo 27 abstenciones, 11 del PRI y 14 del PAN.

Revivir la condonación ha echado mano del absurdo: dicen que con ésta medida se trata de fomentar la competencia en un sector que necesita de ese “incentivo”. Se trata de una mezcla de desinformación con una falta de rubor ante la sociedad. El único nuevo jugador en servicios de telefonía móvil es el cuasimonópolico concesionario de los servicios de televisión abierta: Televisa. Los demás participantes que han anunciado su interés en esa banda ya están en el mercado, e incluso no podrán ir a los segmentos de 30 megahertz de la licitación porque rebasarían el límite impuesto por la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), de 80 megahertz, puesto que se trata de un recurso esencial.

Entre los nuevos argumentos que algunos se han sacado de la manga para justificar su aval a la medida es que, finalmente, la Cofeco opinó favorablemente sobre el plazo de gracia de dos años a las empresas de telecomunicaciones.

Dicen que esa opinión los lleva a rescatar el transitorio que les regala a esas empresas dinero público. Quienes usan el oficio suscrito por Eduardo Pérez Mota, presidente de la Cofeco, tienen el buen cuidado de omitir dos datos fundamentales, como que el mismísimo destinatario de esa opinión, el senador Gustavo Madero Muñoz, coordinador de los senadores panistas, votó en contra de esa exención al igual que la mayoría de los senadores que coordina porque, y he ahí el segundo dato, el documento opina desde el punto de vista de la materia exclusiva de ese órgano: la competencia. La opinión hace una aclaración de entrada: no prejuzga sobre aspectos tributarios o de política fiscal.

Más allá de que la opinión de Eduardo Pérez Mota sea discutible en el tema mismo de la competencia, pues entre los operadores de distintos rangos de la banda del espectro con características técnicas y económicas similares se han producido tratamientos diferentes —por lo que la medida resultaría discriminatoria en relación con el cobro de derechos y aprovechamientos—, lo cierto es que se deslinda de la parte fiscal, que al final de cuentas es el tema central.

La semana pasada escribí en este mismo espacio que la propuesta original del coordinador de la bancada priísta en el senado, Manlio Fabio Beltrones, era conceder ese periodo de gracia sólo a los nuevos operadores entrantes “para incentivarlos en los años de fuerte inversión”, como si estuvieran tan pobrecitos que necesitaran del subsidio estatal. Pero ese esquema presentaba tal discriminación para los restantes jugadores en la misma banda que era predecible su impugnación legal con todo éxito.

Para evitar que por la vía del amparo o de la acción de inconstitucionalidad Televisa perdiera el cuantiosísimo regalo —pues es la empresa que por lo menos se quedará con uno de los segmentos de 30 megahertz—, se extendió a los demás operadores y de ello resulta que el Estado mexicano, en detrimento de su patrimonio, otorgará también una exención fiscal por dos años a dos de las empresas más rentables de telefonía móvil en el mundo: Telcel y Telefónica, que irán por sus 10 megahertz cada una.

El otro argumento falaz, elevado a nombre de la competencia, es que la “subasta” dará un pago fuerte de entrada al erario. Hay incluso quienes hablan de 2 mil a 2 mil 500 millones de pesos. Lo interesante sería saber en qué se basan para decir eso, cuando el precio base determinado por la propia Secretaría de Hacienda de los 90 megahertz es de 180 millones de pesos. Suponen que habrá puja hasta llegar a los 2 mil millones. Y si esto fuera cierto, la segunda pregunta es si quienes lo afirman creen que ello es una cantidad mayor que 5 mil 600 millones.

Conforme avanzó la polémica de este tema fue quedando claro que no hay ningún argumento, ni técnico ni jurídico ni económico ni social, que convalide un privilegio fiscal de esta dimensión. Y también fue más claro que la razón de este nuevo intento de atraco a la nación es estrictamente política y sus motivos tan absurdos como inaceptables. Se trata de convalidar una negociación del senador Manlio Fabio Beltrones con Televisa, que por la vía de la exención de derechos “resarce” la “pérdida” que esa empresa dice tener a costas de la reciente reforma electoral que le prohibió la contratación comercial de propaganda electoral. El reembolso busca darse completito y copeteado.

En realidad estamos ante una disputa priísta por determinar quién se erige en el factótum de la relación con la televisión para las elecciones de 2012, y la competencia está, ni más ni menos, en quién le consigue más dinero a Televisa. Manlio no tiene el presupuesto del que Peña Nieto dispone para chorrear millones a la pantalla de la televisión comercial que lo ha inventado, pero en cambio sí tiene Ley de Derechos, y en el Congreso él manda.

¿Y qué hace una parte del PAN en esa negociación? ¿Fortalecer por ahora a Beltrones, en supuesto deblitamiento del gobernador Peña Nieto, para luego fortalecernos nosotros? ¿Y la dura lección de los resultados electorales del 5 de julio, dónde quedó?

Entre los que han concurrido de nueva cuenta con su voto, a levantar en la Cámara de Diputados la exención que había eliminado el Senado, varios tienen una clara conciencia de que se trata de una transacción indebida, de una componenda política. Y ahí está el asunto más grave, porque en menos de dos meses de funcionamiento de la nueva Cámara de Diputados y exactamente a dos del rectificador discurso del Presidente de la República, está apuñalada la esperanza, nuevamente envenenado el ambiente político en general y entre nosotros los panistas en particular, por seguir consecuentando a los muchachos de la Televisión, que juegan y se ríen viendo cómo ellos pueden poner a operar a su servicio a las cámaras del Congreso de la Unión de la gran nación mexicana. Jugando al Monopoly, pero en serio, con el dinero que salga de los impuestos que acabamos de aprobar.

Diputado federal por el PAN

Senador de la República por el Partido Acción Nacional (PAN). Ex candidato a gobernador del estado de Chihuaha por la coalición PAN-PRD-Convergencia. Actualmente es uno de los principales impulsores de la Nueva Ley de Radio y Televisión que se discute en el Senado. Fue diputado plurinominal por el PAN y presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la LVII Legislatura. Ir a la Página de Javier Corral