Somos expertos en quedarnos en la superficie del análisis. Por eso, esta propuesta gana aceptación con facilidad. Lo primero que debemos reconocer es que tener policía o no bajo el mando municipal, no garantiza por sí mismo la seguridad o la inseguridad. Un alcalde puede tener incluso una muy buena policía y no por eso lograr seguridad, al tiempo que municipios sin control policial directo pueden ser seguros. Las lecciones internacionales son contundentes al respecto. La recomendación principal es construir políticas integrales, las cuales pasan por la medición de los factores de riesgo, cuyos resultados se traducen en intervenciones simultáneas múltiples, que incluyen a la policía, pero que no se agotan en ésta. Dejar o quitar la policía municipal no responde a la siguiente pregunta: ¿cómo crear ahí políticas de seguridad, integrales, democráticas, eficientes y legítimas?

La seguridad pública federal ha adolecido de una visión integral, de manera que ha metido todos los recursos posibles en la construcción de la Policía Federal, dejando en crónica debilidad esa mirada integral ubicada en la bolsa de la prevención y que hoy orienta las políticas de seguridad más modernas en el mundo. La dependencia a cargo de García Luna es mucho más una entidad policial y mucho menos una agencia para formular la política federal de seguridad pública. Por eso, la mirada hacia estados y municipios decanta el mismo enfoque, que centraliza a la policía en la solución a los problemas de inseguridad y violencia.

Lo que hoy nos dice el estudio citado ha sido discutido en México desde hace tres lustros por los expertos en el tema. Ahora se hacen públicos esos resultados, en el marco de la estrategia para acumular apoyo en torno a la propuesta referida. En realidad, nuestras policías –todas- acumulan un desempeño histórico que está por debajo de los estándares de un Estado democrático de Derecho. El problema es de concepción original, porque nadie pensó a nuestra policía al servicio del ciudadano en la formación y modernización de la nación mexicana. Al igual que a mediados del siglo XIX, el día de hoy un policía cualquiera está más preocupado por acceder a fuentes propias de recursos, que por servir y proteger a nadie.

La propuesta de García Luna no se pronuncia respecto a la integralidad de los modelos de seguridad municipal y eso muestra un error conceptual y de enfoque mayúsculo. En otro nivel de análisis, la propuesta implica que se tiene claro cuál es el modelo policial que debe operar en cada entidad federativa y es lógico suponer que la inspiración estaría en la Policía Federal (lo cual excluye la posibilidad de que existan policías municipales con lecciones para compartir). La pregunta es obligada: ¿dónde están los resultados de una evaluación técnica, profesional e independiente, que nos permita concluir que la Policía Federal es el ejemplo a seguir? La pregunta es oportuna por tres motivos: a) la Policía Federal está en construcción; b) el rol de ésta, como de todas las policías, debe ajustarse a la reforma procesal penal, y c) no hay evaluaciones externas disponibles sobre los sistemas de control de esa agencia federal. En otras palabras, no hay conclusiones. Un policía mal pagado puede ser honesto, otro con ingresos descomunales puede ser corrupto. El tema en realidad es de balances estructurales entre las atribuciones y los controles, impuestos de manera institucional sobre cada policía. Municipales, estatales o federales, el tema de fondo es el balance.

Director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC