Me propongo impulsar desde la CNDH una agenda de paz, para la reconciliación social y política. Tanto en el plano de la atención eficaz a quejas individuales, como en uno más amplio. Para que haya seguridad, no basta con la decisión de “combatir al narco” por sí sola. Hablar del problema en metáforas bélicas no ayuda a entender la complejidad del reto.

El Estado mexicano debe explicitar, reafirmar y confirmar su voluntad de hacer de los derechos humanos un eje que dé consistencia a la convivencia y por tanto promueva la paz.

La lid contra la delincuencia no se va a ganar con balas, patrullas o aviones. Hay que valorar y agradecer los testimonios de honestidad y eficacia que desde este terreno vemos, pero ser un país seguro sólo se puede lograr construyendo comunidad, cohesión social, sentido de pertenencia cultural para las y los jóvenes excluidos, los marginados, los no aceptados en ningún esquema de la institucionalidad del Estado. Hay que emprender acciones educativas firmes; esquemas de cultura incluyentes, que ayuden, como en Medellín o Bogotá, a la integración comunitaria. Falta un largo trecho antes de cubrir la gran tarea educativa nacional en democracia.

Está pendiente, además, la incorporación plena al goce de derechos de las y los excluidos, los discriminados, en particular los indígenas, que viven con su autonomía restringida; las mujeres, los pobres urbanos y rurales; las comunidades lésbico-gay; los migrantes, adictos, ancianos, las personas con retos especiales. Me interesa aportar la experiencia de mis dos cargos anteriores a favor de los derechos de las mujeres . Estoy convencida de que la visión de género en todas las políticas públicas del país es una herramienta indispensable para abatir la desigualdad.

La CNDH debe convertirse en un espacio para el diálogo, la confianza y la fortaleza recíprocos entre sociedad y gobierno. Éste no podrá ofrecer seguridad por sí mismo. Aunque tiene el reto mayor, requiere de un decidido “Ya basta” a la violencia por parte de toda la sociedad. Falta un pacto de Estado no sólo por una cultura de la legalidad, sino por la legitimidad en el ejercicio de gobierno. La CNDH debe alentar y lograr que se defina el rango constitucional de las convenciones internacionales de derechos humanos. De esto depende la aplicación, en las sentencias de todos los poderes judiciales, de la ética que alimenta a estos instrumentos civilizatorios.

En el contexto de la reforma judicial, uno de los temas pendientes es revisar el sistema penitenciario del país. Urge replantear el para qué y el cómo de las penas privativas de libertad. Y sigue viva la necesidad de supervisar las estaciones migratorias y los hospitales siquiátricos.

La legislación y las prácticas administrativas del país, en consonancia con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, deben incluir fórmulas de reparación del daño como derecho de las víctimas; no sólo en cuanto a investigación y sanción de responsables y en indemnización, sino como adopción de medidas que garanticen la no repetición de los hechos, y el derecho a la verdad, abrir paso a la justicia transicional, para que los abusos del pasado dejen de pesar como lápidas y se conviertan en posibilidades de aprendizaje y rectificación para la vida en democracia. Ahí la presencia constante y la aportación del ombudsman deben ser definitivas.

El ombudsman no sólo es un contrapeso al poder cuando la autoridad se equivoca, abusa o es omisa; sobre todo, es una fuerza ética que impulsa que toda la estructura del Estado cumpla con aquello que nos da cohesión: el pacto constitucional con sus principios de igualdad, de libertad, de justicia. El propósito de una institución como la del ombudsman debe ser abrirle camino a lo que el colombiano José Bernardo Toro llama “una idea de futuro compartido”.

Candidata a presidir la CNDH