Un primer aspecto está relacionado con la racionalidad económica de la medida. Todo indica que el origen de los males de la empresa es de carácter multifactorial; son determinantes las reglas de funcionamiento que el propio gobierno le impuso, fijándole precios de compra y venta del servicio eléctrico, límites en su infraestructura y radio de acción y política de inversión. En este escenario, el costo de la mano de obra no parece ser definitivo; habría en todo caso que demostrarlo, sobre todo, porque es bastante similar al que opera en la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Datos recientes exhiben que al menos la mitad de sus trabajadores tiene como rango máximo de salario base 6 mil pesos mensuales, obviamente debe agregarse el valor relativo de las prestaciones para aclarar este renglón.

En el plano productivo, no se ha dado una explicación satisfactoria sobre el resultado del convenio de productividad y modernización tecnológica firmado entre el sindicato y la empresa meses atrás, merecedor en su momento del reconocimiento de los mismos funcionarios que ahora lo descalifican. La respuesta fácil es señalar que no funcionó y que el mejor camino es el cierre de la empresa y el despido de más de 50 mil trabajadores, gastando 20 mil millones de pesos en el peor momento de las finanzas públicas. No se aclara cuáles serán las nuevas condiciones que garanticen superar la problemática existente. Absurdamente se informa de nuevas contrataciones, al tiempo que se pretende que otros trabajadores salgan por la puerta de atrás. Se hace una apología del sindicato que opera en la CFE (SUTERM), como si éste fuera un ejemplo a seguir, sin tomar en cuenta su larga historia de antidemocracia: simplemente no existen asambleas ni votaciones democráticas, se exalta como virtud el sometimiento.

Un segundo renglón está vinculado a la legalidad del proceso. Conforme a la Ley Federal del Trabajo, antes de dar por terminada las relaciones colectivas de trabajo se debe sustanciar un procedimiento que respete las garantías del debido proceso, entre ellas, la de audiencia y de defensa. Esta autorización corresponde a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que si bien en ella también manda el gobierno federal, es al menos revisable por los tribunales de amparo, antes de que sus resoluciones adquieran carácter definitivo. En otro aspecto, la ley laboral prevé que en caso de subsistir los trabajos opera la figura de la sustitución patronal, debiendo respetarse la estabilidad laboral. En el presente caso, no se obtuvo la autorización de ley, tampoco se respetó la sustitución referida. Se incurrió en el yerro de creer que pagando una indemnización aderezada con un indignante “premio” por pronta rendición, se podría justificar la separación masiva.

Un tercer elemento es el relacionado con la denuncia sindical de la concesión de una red de telecomunicaciones (voz, datos y video en fibra óptica), a través de una filial de LyFC creada para ese fin, la cual aprovechando instalaciones ya existentes le generaría importantes recursos. No se ha dado una explicación de por qué este compromiso, siendo firmado con el sindicato, fue soslayado cuando por otra vía la concesión fue otorgada a un grupo de ex funcionarios públicos del gobierno foxista, con el beneficio adicional de renovárselas aun sin cumplir la inversión comprometida.

De lo que no hay duda es de que la medida fue atrabancada, poniendo en riesgo innecesario la propia seguridad de los usuarios del centro del país, a grado tal que hoy se solicita a los despedidos apoyo para superar los apagones. También se fortalecen los argumentos de que en la medida subyace una motivación política para mejorar la imagen del gobierno montándose en la inconformidad pública por el servicio. El problema es que los actos arbitrarios nunca son la vía para soluciones de fondo. Tarde o temprano aparecen las contradicciones ocultas. Parece difícil, pero todavía hay oportunidad para regresar a la senda de la legalidad y la concertación responsable.

Académico