Este 30 de septiembre la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) liberó un reporte en el cual da a conocer resultados sobre la contaminación del agua en algunas delegaciones del DF. El GDF descalificó dichos resultados y propuso realizar una nueva muestra.

El Centro de Estudios México-Estados Unidos desarrolla un trabajo piloto de investigación en Oaxaca en el que busca utilizar la calidad del agua como indicador de calidad de bienes públicos provistos por los gobiernos locales, y se ha enfrentado al problema similar de cómo asignar responsabilidades sobre desempeño a los distintos ámbitos de gobierno.

El sistema de agua es una complicada red que implica la interacción de los tres niveles de gobierno para obtener, canalizar, almacenar y distribuir el líquido. Una evaluación sistemática sobre la calidad del agua debe tomar en cuenta esta interrelación. Un estudio descuidado o poco transparente en sus métodos generará un debate estéril de acusaciones entre autoridades, mientras los ciudadanos esperan soluciones.

Aunque la responsabilidad sobre la calidad del agua compete de manera integral a todos los niveles de gobierno, sí es posible asignar responsabilidades políticas a éstos, porque el agua atraviesa por etapas de la red que competen a veces al nivel federal, a veces al estatal y a veces al municipal.

La Cofepris planteó al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) como solución a su controversia un nuevo muestreo realizado por tres partes: el gobierno federal, el gobierno local, y una más por un tercero, quizá una universidad. Dicha solución por sí misma sólo multiplicaría por tres lo que ya se sabe; no serviría para determinar responsabilidades en tanto que las pruebas en sí mismas deben realizarse en cada una de las tres etapas que recorre el agua —a cargo de cada uno de los tres niveles de gobierno— para poder determinar, si es el caso, en dónde se está contaminando el agua.

Así, en lugar de tomar muestras en las casas de las personas, hay que tomar muestras a lo largo de toda la red de distribución y ver dónde (bajo la tutela de qué nivel de gobierno) se está contaminando nuestra agua. Por supuesto que cuando el usuario final recibe agua contaminada esto puede ser por carencias de higiene en los tinacos y tuberías del hogar. Pero si el problema se encuentra generalizado en toda la ciudad, lo más probable es que las fallas ocurran en las etapas públicas de la provisión del vital líquido.

Es importante, además, que las muestras que reciba un laboratorio certificado, aceptado por las dos partes en conflicto, sean anónimas, en el sentido de que sólo las autoridades sepan de dónde provienen. Además, las muestras deben incluir placebos de agua de buena calidad para validar el proceso del laboratorio.

En términos de diseño de investigación, un muestreo aleatorio en casas de la ciudad de México no permitiría inferir con certeza que la contaminación proviene de errores del gobierno local, y esta incertidumbre abrirá la puerta para una nueva ronda de acusaciones mutuas que podría evitarse con un diseño de investigación más sólido, pero no más caro.

El agua es un bien público pero que tiene dimensiones privadas, y los usuarios pagan el costo (de manera privada) de la mala calidad del agua en nuestras tuberías (públicas): garrafones, botellas y demás constituyen el costo adicional de las clases medias y altas, y las enfermedades gastrointestinales (con las medicinas necesarias) es el costo pagado por las clases bajas que no pueden comprar botellas y garrafones.

Que los gobiernos, de cualquier nivel, le transfieran la responsabilidad a la población por su desempeño es una estrategia racional pero ingenua por parte de los políticos. Su responsabilidad como gobierno no es negociable. Sin embargo, necesitamos generar metodologías científicas para informar los debates de política pública en este país. Metodologías que, francamente, cualquier estudiante de ciencias medianamente informado podría diseñar.

Centro de Estudios México-Estados Unidos