Percibo que algo así podría suceder con Procampo, cuyo fracaso como política pública ha sido documentado con pelos y señas y, sin embargo, sigue siendo aplaudido por el gobierno. Tras esos aplausos de foca, inútiles y repetitivos, observo una lectura muy hostil del entorno político; una que en lugar de resolver con sensatez los problemas públicamente observados, los acaba convirtiendo en trifulca y denuesto. Ya lo decía Gonzalo N. Santos: la mejor forma de resolver un problema público es no plantearlo. Pero Gonzalo N. Santos podía decir eso porque era un cacique del viejo régimen.

Hoy ya no es posible eludir el debate público abierto. Y en el caso del Procampo, como en el de muchos otros programas sociales aun peores, tampoco es viable hacer la vista gorda sobre el problema fundamental; es decir, que tras 15 años de vida, esa política no cumplió el objetivo que le dio origen. Y, me atrevo a añadir, ni el más relevante ni los que estaban subordinados a él. Los dineros que se destinaron a generar condiciones de producción agrícola equivalentes a las que tenían hace tres lustros los agricultores de Estados Unidos y Canadá se ocuparon más bien en financiar la estabilidad política en buena parte del campo, mediante la doble ruta de ofrecer ganancias más o menos seguras a los grandes productores del norte y de repartir unos cuantos pesos a los minifundistas del sur. Un mal sistema de incentivos para los más ricos y un pésimo sistema de asistencia social para los más pobres. Pero, eso sí, muy útil para mantener al campo tranquilo.

No obstante, los resultados sociales son, desde cualquier mirador y desde cualquier medición, regresivos y lamentables: se les ha dado mucho más a quienes ya tenían tierras y medios para cultivarlas, y mucho menos a los campesinos que no tenían siquiera para comer. Pero hoy el programa se defiende diciendo que ambos están contentos: que los más ricos quieren seguir recibiendo dinero del Estado, aunque les parezca muy poco; y las organizaciones que representan a los más pobres exigen que no sólo se mantenga el subsidio, sino que se incremente sensiblemente, pues de otro modo cientos de miles de campesinos no tendrían siquiera qué llevarse a la boca. Todos quieren más y así lo han dicho obstinadamente. Pero el campo está igual o peor que antes.

En el camino se han montado algunos vivillos, que han aprovechado su condición de funcionarios vinculados al campo para llevarse algunos pesos extra a casa, mientras que familias completas de delincuentes reconocidos se cobijan en la generosidad del Estado para guarecerse del mal comportamiento de sus parientes. ¿De qué tamaño es la corrupción que también ha desviado recursos del Procampo a esas bolsas infames? La respuesta espeluzna: nadie lo sabe, porque nadie tiene la información precisa e inequívoca sobre la forma en que esos subsidios llegan a cada uno de los productores listados en los padrones, porque hay muchos homónimos, porque todavía no se ha completado el pago electrónico, porque hay intermediarios que cobran a nombre de otros, porque hay quienes rentan sus parcelas pero siguen cobrando el subsidio. En otras palabras: por los problemas de nuestra precaria fontanería democrática, que va descubriendo por trozos lo que debería saber por enteros.

Pero lo que es indudable es que Procampo no ha producido mayor igualdad; no ha sacado a los campesinos más pobres de su condición de marginación ofensiva; tampoco ha servido para garantizar una mejor competencia entre los agricultores más grandes de México y los más ricos y mejor equipados de Estados Unidos; y no ha afirmado la capacidad del campo mexicano para crecer y distribuir el ingreso, a la vez. De modo que es imposible decir que Procampo ha sido un programa exitoso. No es cierto y sería injusto, e incluso indignante, no corregir el camino desviado. De lo contrario, en lugar de producir alimentos seguiremos, como siempre, produciendo miseria.

Profesor investigador del CIDE

Doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid. Ex consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), se desempeña actualmente como profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Ha fungido como gerente internacional del Fondo de Cultura Económica (FCE) y como agregado de la Embajada de México en España.