Una de las críticas al voto nulo en los días previos a la elección era que no tendría ninguna consecuencia. Sin embargo esta crítica declaraba irrelevante la discusión pública que el tema estaba generando, y era incapaz de prever que en sistemas mínimamente democráticos quienes compiten por el poder modifican su comportamiento según los cálculos que hacen de oportunidades electorales.Unos días después del 5 de julio, frente al fuerte mensaje de rechazo que recibieron los partidos políticos de un porcentaje nada despreciable del electorado, legisladores del PRI y del PRD decidieron presentar dentro del Congreso iniciativas de ley para modificar dos aspectos del sistema electoral mexicano. La primera la presentó el diputado del PRD Tomás Torres, con el objetivo de incluir la figura de candidaturas independientes como una forma para debilitar el monopolio de los partidos políticos en materia electoral. La segunda la presentaron el diputado José Murat y el senador Fernando Castro del PRI, para permitir la reelección consecutiva de cargos legislativos y presidencias municipales. Tras una primera lectura de ambas iniciativas, su principal problema parece obvio: no son propuestas discutidas ampliamente sino elaboradas bajo la opacidad que existe actualmente dentro del Congreso de la Unión. No son producto de la discusión, debate y rebate de una pluralidad de argumentos, sino propuestas simples que pretenden atender problemas complejos sin mucha reflexión. El caso de la iniciativa para permitir candidaturas independientes parece el más complejo y el menos elaborado. Simplemente se adicionan al Cofipe los enunciados que reconocerían que todo ciudadano se puede presentar para cualquier cargo como candidato independiente, sin atender todas la implicaciones que semejante reforma conllevaría. Para reflexionar más sobre el tema vale la pena hacerse algunas preguntas: ¿tienen la misma función las candidaturas independientes en el ámbito municipal que a nivel estatal o federal? ¿Cómo se fiscalizarían los gastos de campaña? ¿Quienes serían los sujetos obligados para presentar información? ¿Habría algún financiamiento público? ¿Cada candidato tendría representación en los órganos electorales? La iniciativa presentada para permitir la reelección legislativa y de presidentes municipales es un poco más elaborada. Delimita la reelección a dos periodos consecutivos a los presidentes municipales, y hasta 12 años a los legisladores. Sin embargo también vale la pena hacerse algunas preguntas sobre esta iniciativa, ¿por qué reelección sólo de presidentes municipales y no cabildos? ¿Por qué la no reelección de diputados y senadores de representación proporcional? ¿Un diputado podría ser electo en un distrito e inmediatamente electo en otro para evadir rendirle cuentas a su electorado? ¿Por qué un límite de dos periodos o 12 años, por qué no más, por qué no menos? Lo más importante que se tiene que ponderar cuando se pretenden hacer reformas a las instituciones son las consecuencias esperadas. ¿Esperamos que con las candidaturas independientes se abra la representación en el sistema de partidos? ¿Provocarán más competencia y rendición de cuentas? ¿Esperamos que los candidatos independientes ganen o sólo sean testimoniales? ¿La reelección incrementará la rendición de cuentas al electorado? ¿Enquistará intereses particulares? ¿Debilitará a las cúpulas partidistas? ¿Debilitará la influencia de grupos de poder dentro de los partidos? ¿Le dará continuidad a los movimientos de oposición? ¿Premiará a malos gobernantes? Las mejores respuestas a esas preguntas no las tienen ni uno ni varios diputados. No la tienen ni politólogos, ni abogados, ni especialistas en temas electorales. Tampoco las tienen los libros, o los ejemplos de otros países. Las mejores respuestas a esas preguntas todavía no existen, y sólo pueden existir si se abre la discusión a todo aquel que esté interesado. Si las y los diputados aceptan que ni ellos son los únicos con buenas ideas, ni se pueden simplemente calcar de otro lugar, entonces tienen que reconocer el valor de la discusión libre y abierta. Muchos de quienes anulamos nuestro voto no les exigimos a nuestros representantes que aprueban más leyes o que se pongan de acuerdo en las leyes que ellos presentan. Sabemos que eso ya lo pueden hacer. Lo que les exigimos es que escuchen las voces de personas que no siempre escuchan, y que tomen esas voces con el respeto que implica una democracia de iguales. Analistas políticos |