Vivimos tiempos contradictorios; las señales se entrecruzan: por una parte, acabamos de celebrar elecciones federales y locales que, en general, nos hacen pensar que estamos consolidando nuestra vida democrática; pero, de otra parte, asistimos al recrudecimiento de la violencia delictiva.Si atendemos a lo ocurrido el 5 de julio, fecha en que la ciudadanía acudió a las urnas, tendremos buenas razones para pensar que la institucionalidad de la República se está afianzando; en contraste, si ponemos atención en lo que está ocurriendo en Michoacán, tendremos motivos para deducir que la institucionalidad de la República se está tambaleando. Se trata de la mayor ofensiva en la historia del crimen organizado en México contra las fuerzas del orden. Hace exactamente una semana fue detenido Arnoldo Rueda Medina La Minsa, uno de los miembros de mayor jerarquía del cártel La Familia. Desde entonces la precaria tranquilidad de ese Michoacán ha quedado al garete. Por lo menos en 14 ciudades de esa entidad se registraron ataques contra instalaciones de la PFP. También hubo enfrentamientos en dos estados vecinos, Guerrero y Guanajuato; el saldo provisional fue de cinco policías y dos soldados muertos. A las pocas horas, se agregaron a las víctimas fatales 12 policías federales cuyos cuerpos fueron abandonados en La Huacana. Si se confirma que quien habló por teléfono antier con el periodista Marco Knapp, en el programa Voz y Solución, fue Servando Gómez Martínez La Tuta, otro de los líderes de La Familia, estamos ante un hecho igualmente inédito respecto a la forma en que proceden estos grupos mafiosos. Ahora ya no sólo dejan mantas, sino que declaran en vivo: “Ustedes ya se dieron cuenta de cuál es nuestra magnitud”. Efectivamente, el tamaño de la respuesta es sorprendente y ha puesto en evidencia que en Michoacán hay una fuerza que rivaliza con los poderes constituidos; La Familia se ha convertido en un Estado dentro de otro Estado. Lo demuestra también el número de presidentes municipales que fueron consignados por tener vínculos con esa agrupación delictiva. Lo que sucede en la tierra de don José María Morelos y Pavón es, efectivamente, un desafío al Estado mexicano. La Tuta, en la mencionada entrevista, mostró sus respetos al presidente Felipe Calderón, al Ejército y la Armada. No así a los mandos de la PFP y la SIEDO, a quienes acusó de hacer detenciones arbitrarias y estar coludidos con Los Zetas y los Beltrán Leyva. Son acusaciones graves que merecen ser investigadas, independientemente de que quien las hace sea un prófugo de la justicia. Servando Gómez invitó al gobierno a establecer un acuerdo, cosa que parece descabellada porque en el momento en que se pactara con estos grupos armados en ese instante desaparecería el Estado como entidad soberana. En consecuencia, hizo bien el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en rechazar la propuesta de “llegar a un consenso” con esta agrupación de narcotraficantes: no se puede negociar con criminales. Convengamos en que la democracia es el exacto contrario de la violencia. En ella se cuentan las cabezas en lugar de cortarlas. Lo que pasa en la tierra que vio nacer a don Melchor Ocampo nos afecta a todos los mexicanos. La paz debe ser restablecida para que haya una plena vigencia de la ley. Ese es el único camino para apuntalar la convivencia civilizada, democrática, en Michoacán y en el país. jfsantillan@itesm.mx Académico del Tecnológico de Monterrey (CCM) |
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