La que sucedió en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, tiene todos los ingredientes para dejar constancia de los horrores que puede desencadenar la falta de ética en el servicio público. Más allá de los peritajes sobre las causas del incendio que originó la muerte de esos 48 niños, y de la responsabilidad individual de quienes habían asumido su custodia, el episodio nos ha mostrado de cuerpo entero tres de los más graves defectos de la administración pública mexicana: la falta de criterios profesionales para designar a los servidores públicos; la falta de rigor en la asignación de contratos y concesiones; y la falta de transparencia. De paso, también hemos visto el uso electoral de la información y la banalización mediática. Todo a la vez.

De entrada, no existía ninguna razón para mantener oculta la información sobre los contratos de concesión de las guarderías. No obstante, en su comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso, el director general del IMSS dijo que ese organismo público había cumplido en exceso con lo que le ordenó el IFAI, al entregar todos los nombres de los concesionarios actuales y anteriores del sistema de guarderías, así como los perfiles profesionales de quienes están al frente de cada una de ellas. Y añadió que divulgar esa información significaba “un hecho de transparencia sin precedente en la administración pública federal, estatal y municipal”.

Es probable que lo haya dicho con un toque de orgullo. Pero lo cierto es que todos los contratos suscritos por el gobierno deberían estar disponibles para el escrutinio del público, sin que medie solicitud previa y sin más reservas que la protección de la vida privada, pues todos ellos atañen a la forma en que el gobierno cumple con sus funciones y gasta el dinero público. Además, hoy sabemos que el IFAI había ordenado la entrega de toda esa información desde el 22 de junio y el IMSS, por las razones que sean, no la publicó sino hasta el 8 de julio: tres días después de las elecciones.

También supimos que dos delegados del IMSS y varios funcionarios más perdieron su empleo como secuela directa de la tragedia. Pero nadie nos ha dicho quién nombró a esos funcionarios, ni qué procedimientos siguieron para seleccionarlos, ni cuáles eran sus credenciales profesionales para ocupar las plazas de las que fueron defenestrados. No sobra añadir que el delegado del IMSS en Sonora ocupó ese lugar después de abril de 2006, cuando ya estaba en pleno vigor la ley del servicio profesional de carrera. Y lo mismo cabe decir, por ejemplo, de la coordinadora de guarderías, quien (según los datos recabados por Jaime Obrajero de W Radio) antes de ocupar ese puesto había estudiado, como si se tratara de una broma siniestra, diseño de interiores. ¿Qué razones podrían esgrimirse para haberle otorgado un puesto así, que no estuvieran directamente ligadas a la amistad o, acaso, a la conformación de equipos políticos?

En el mismo sentido, nos enteramos de que no fue sino hasta 2008 cuando el IMSS decidió sujetarse al método de licitación pública para otorgar concesiones de guarderías, pues desde el año 2001 —de acuerdo con la investigación divulgada por Carlos Puig el 9 de julio—, 98 de cada 100 contratos se habían adjudicado directamente a los propietarios. Y hoy sabemos que muchos de ellos entraron al negocio de cuidar niños, por razones muy ajenas a la pedagogía pública.

En suma, lo que hemos visto desde el pasado 5 de junio no sólo ha sido una larga secuencia de “causas y consecuencias de una tragedia que pudo haberse evitado”, como ha dicho Daniel Karam, sino uno de los ejemplos más tristes y reveladores de los despropósitos que se cometen todos los días en la administración pública mexicana y cuyos efectos no nos llaman a indignación, sino cuando suceden desgracias como ésta.

Las plazas mal entregadas, los contratos mal adjudicados, la información escondida, y toda la trama de alianzas y arreglos políticos que han brotado tras el incendio de la guardería desnudan la falta de rendición de cuentas que hay en todo el país y duelen, duelen literalmente, cuando producen episodios como el de la guardería de Sonora. ¿Qué más se necesita para cobrar conciencia?

Profesor investigador del CIDE

Doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid. Ex consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), se desempeña actualmente como profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Ha fungido como gerente internacional del Fondo de Cultura Económica (FCE) y como agregado de la Embajada de México en España.