La desaparición del PSD supone también la desaparición de una agenda política diferente. Hoy por hoy, ninguna de las fuerzas políticas de mayor representatividad y mucho menos las emergentes, está claramente a favor de la defensa de los derechos de las mujeres y de las minorías, del combate a la discriminación, de la reafirmación del Estado laico y de la sustitución de la violencia como centro de la estrategia de combate al crimen organizado.

El Congreso que entrará en funciones a partir de septiembre no asumirá un compromiso claro con la defensa y prolongación de los derechos humanos, ni con la transparencia sindical o la generación de una reforma electoral que abra opciones de participación política en lugar de restringirlas o de plano clausurarlas. Tampoco legislará a favor del establecimiento del seguro de desempleo ni de una reforma educativa, que trascienda los limitados alcances de la supuesta Alianza por la Calidad de la Educación. Por supuesto, queda enterrada la posibilidad de que los partidos disminuyan al menos a la mitad sus prerrogativas, como también lo proponía el PSD. Estas propuestas eran el núcleo duro de nuestra agenda parlamentaria.

La pasada elección demostró que en un sistema electoral inequitativo, como es el nuestro, resultan determinantes el corporativismo y los arreglos con los poderes fácticos para sobrevivir como fuerza política. Por eso, lo más grave no es la desaparición de un partido político que “no le entró al juego”, como es el caso del PSD, sino que la agenda política que defendemos, y que forma parte de un conjunto de luchas ciudadanas que trascienden, ha quedado sin voz en espacios de toma de decisiones.

Es claro que la mayoría considera la pérdida del PSD, y la derrota de la izquierda en general, como asuntos menores e incluso deseables. En esa lógica se inscriben los esfuerzos de los promotores del voto nulo, a quienes debemos agradecer el fortalecimiento del PRI y del PAN, y el avance hacia el bipartidismo, que pretende negar la cualidad democrática por antonomasia, que es la diversidad en todas sus expresiones, incluida la política e ideológica.

Quienes participaron en la campaña a favor del voto nulo lo hicieron desde una pretendida y falsa autoridad moral. Através de una campaña poderosa, que contó con apoyos mediáticos y de otro tipo, sin que fueran fiscalizados ni transparentados y cuyo objetivo era, entre otros, la desaparición del PSD.

Sin embargo, sería incorrecto y falso endosar la derrota socialdemócrata al esfuerzo de los anulados, sin antes reconocer nuestros propios errores.

Al PSD lo vencieron las divisiones internas, pues dilapidamos tiempo valioso, recursos y prestigio, en una guerra larga y estéril, justo en el momento en el que debimos haber ponderado nuestras coincidencias y puntos de acuerdo, tal como ocurrió en el 2006, cuando Alternativa sí logró mantenerse con vida.

Las divisiones entre socialdemócratas han traído como resultado el naufragio de los distintos esfuerzos. Ocurrió en el 2000 con Democracia Social y en 2003, cuando Patricia Mercado y Jorge Alcocer encabezaron los desaparecidos México Posible y Fuerza Ciudadana, respectivamente. Ello confirma que un proyecto de esta naturaleza requiere del esfuerzo de todos los que creemos en la socialdemocracia como vía política.

El reto de consolidación de un planteamiento socialdemócrata en nuestro país cruza por confrontar algunas de las fuerzas más poderosas y retrógradas, como es el caso de la jerarquía católica, que en su afán de imponer una visión atrasada y violenta contra mujeres, homosexuales y otros grupos sociales, llamó en diversas ocasiones a votar contra el PSD, vulnerando nuestra Constitución. En estricto apego a sus intereses, instituciones como la Segob no hicieron más que solapar e incluso fomentar este tipo de acciones ilegales, sin importar que propiciaran una inequidad de la que el PSD dio cuenta una y otra vez.

El detalle es que estos actos ilegales contaban con el visto bueno del gobierno federal y por lo tanto eran “correctos”, como fue “correcto” que el presidente Calderón haya criminalizado a quienes no comparten su fe y haya asegurado que los no creyentes son más proclives a las adicciones. De esas dimensiones es la crisis del Estado laico, situación que junto con otras causas, como la despenalización del aborto, pareció no ser importante para un buen número de organizaciones civiles que se dicen a favor de estas luchas.

Esta combinación de factores trajo consigo la pérdida del registro del PSD. Estamos en deuda con las miles de personas que creyeron en nuestro proyecto y con los millones que no pudimos entusiasmar.

Presidente del CEN del PSD