Todavía a inicios de la década pasada, la distinción entre partido y gobierno en México era ambigua, cuando no inexistente: no se sabía con precisión dónde terminaba el partido gobernante y dónde comenzaba la administración pública. El partido hegemónico era un apéndice del Estado mexicano. Incluso, la “sana distancia” que llegó a plantear un ex presidente, en referencia a la relación entre su gobierno y el partido, era indicativa de la imbricada relación entre ambos aparatos, que eran casi una y la misma cosa.

La competencia electoral era, en aquel entonces, profundamente inequitativa: se tenía que competir no sólo contra el partido en el gobierno, sino contra el gobierno mismo.

De esa época previa a la transición a la democracia aún persisten algunas prácticas clientelistas y corporativistas de hacer gobierno, particularmente en la administración de los programas sociales para el combate a la pobreza.

Es ahí, donde la población es altamente vulnerable por su condición de ignorancia y marginación, que algunos funcionarios públicos todavía echan mano del gasto social con fines electorales. Si bien es cierto que aun la gente más pobre sabe que el voto es libre y secreto, también es cierto que las formas de comprar y coaccionar el voto se han sofisticado enormemente. Para bien de la democracia mexicana, este tipo de prácticas ilegales son cada vez menos rentables electoralmente.

La diferencia con aquella época es que ahora estas prácticas ya no son exclusivas de un solo partido: prácticamente existen en todos los partidos que son gobierno, aunque desde luego de manera mucho menos extendida que antes. No era un asunto de un partido político, sino de la cultura política patrimonialista, pero sobre todo de un deficiente entramado institucional que evitara el uso político de los recursos públicos.

Pero no debe sorprendernos que aún hoy, en pleno siglo XXI, persistan, aunque cada vez menos, este tipo de prácticas inequitativas y abusivas de hacer gobierno. Lo que debe sorprendernos, en todo caso, es que no existan mecanismos institucionales suficientes para garantizar que estas prácticas puedan ser corregidas. El problema no es tanto que aparezcan casos de corrupción —eso siempre va a ocurrir—, sino que seamos incapaces de combatirlos cuando ocurran.

La democracia, por sí misma, no resuelve las demandas sociales: es sólo una vía institucional que permite canalizarlas de forma agregada, por medio del voto, para que después sean procesadas por los gobiernos en turno.

Sin embargo, la profundización de la desigualdad social y la creciente pobreza parecieran ir en sentido inverso al de la consolidación democrática del país.

Por tanto, no basta con tener elecciones libres, equitativas y transparentes para evitar la manipulación política de la política social: son necesarios mecanismos institucionales adicionales que permitan que, en efecto, las demandas sociales sean procesadas en el marco de la democracia, con todo lo que ello supone.

Así, en aras de evitar el uso (y abuso) electoral del gasto social, es necesario formular políticas sociales de Estado, al mismo tiempo que un estado de derechos sociales.

Es decir, se requiere avanzar de forma simultánea, por un lado, en la institucionalización de los programas sociales y, por el otro, en la construcción de ciudadanía entre los beneficiarios de dichos programas. No se vale sacarle partido al gobierno.

Consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco