La justicia tendrá que venir del exterior. No hay otra opción. Está tan viciada la investigación penal del incendio de la guardería ABC en Hermosillo, que las posibilidades de que las investigaciones penales concluyan con sentencias justas son casi nulas. Los padres de las víctimas deberán recurrir ya sea a la Corte Penal Internacional o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para asegurarse de que la muerte de sus hijos no quede impune.La creación de la Corte Penal Internacional, como una jurisdicción internacional de carácter subsidiario, fue para actuar contra criminales cuando el Estado no actúe o elabore una farsa para proteger a los responsables. El que México aceptara la jurisdicción de esta corte fue por demás un proceso tardado y acrobático, pues en el fondo implicaba el aumentar los estándares de la justicia penal en México, a efecto de que ningún caso mexicano pudiese llegar a esta Corte Penal Internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es la instancia en la que individuos u organizaciones pueden recurrir ante violaciones del Estado. En el caso de la tragedia de la guardería de ABC, podría haber jurisdicción de ambas cortes: la investigación penal parecería que se está llevando a cabo para asegurar la impunidad o castigos irrelevantes. Además, ya se habla de que ya hay violaciones de las garantías individuales, por eso la Comisión Permanente del Congreso solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atraiga e investigue. Será difícil que la Corte tenga la capacidad operativa o la voluntad política de atraer este caso. ¿La alternativa para los padres? La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre los dimes y diretes del gobernador de Sonora y el secretario de Gobernación, la lentitud con que el Estado se movió para empezar a revisar las guarderías existentes, las públicas diferencias entre el manejo de las investigaciones de la Procuraduría de Sonora y la de la PGR, y el hecho de que ya se estaba hablando de fianzas para los inculpados mucho antes de consignarlos, es absolutamente incomprensible por qué el IMSS no ha divulgado la lista de los dueños de las guarderías subrogadas a un mes de la tragedia. ¿A quiénes protegen o qué pruebas están escondiendo o destruyendo? Preocupante ha sido que el mismo presidente Calderón consideró mucho más importante hablar sobre las causas de la muerte de Michael Jackson y hacer una declaración en cadena nacional sobre la decisión de no enviar Florence Cassez de regreso a Francia para cumplir su condena de secuestro, antes que hacer una declaración pública sobre su posición ante la tragedia. Calderón aseguró que había dado instrucciones “claras al procurador en el sentido de que se procure y se haga justicia, caiga quien caiga, tope donde tope”. El problema es que el Presidente hizo este pronunciamiento un mes después de la tragedia y durante su viaje a Centroamérica. Estos y muchos otros hechos dan pie a las familias de las víctimas para no confiar en los resultados de la investigación. Ante esta realidad, la única opción de las familias va a ser buscar que presiones del exterior impongan orden en el interior. ¿Cuántos de ustedes creen que los gobiernos estatal y federal se hubieran abocado a tratar de resolver y prevenir más muertas en Ciudad Juáre, si no fuera por las presiones de las ONG del extranjero, del gobierno y legisladores de Estados Unidos y otros países? Sin estas presiones del exterior las muertas en Juárez a lo mejor se hubieran duplicado. ¿Por qué no llamar al fiscal de la Corte Penal Internacional para que esta corte se vuelva una instancia por demás idónea para tratar este caso ante el entramado de intereses en México en todos los niveles y la coyuntura política actual, que nos han permitido ver hasta el momento una imagen pobre y por demás caricaturesca de la impartición de la justicia en México? Desafortunadamente, con la forma en que se han manoseado políticamente estas investigaciones, a lo mejor aunque se hiciera un juicio internacional y público no va a resultar en justicia para estos niños muertos y los que continúan en los hospitales, pero por lo menos se evidenciaría aún más la incapacidad y la corrupción del Estado mexicano para perseguir casos que tengan connotaciones políticas. Si no hay justicia para estas familias, por lo menos habría presiones suficientes para que el Estado mexicano tome los pasos necesarios para asegurar que las guarderías en este país tengan normas mínimas para proteger la integridad de nuestros pequeños, y que nunca vuelva a suceder una tragedia como la del 5 de junio en Hermosillo, Sonora. www.anamariasalazar.com anamaria@anamariasalazar.com Analista política | 
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