Al abordar otros temas, el PVEM establece en su plataforma política defender los derechos humanos como parte central de su posición en la sociedad, así como reivindicar la igualdad de derechos y oportunidades para todos los mexicanos en los campos de salud, vivienda, educación, trabajo, cultura y recreación; sin embargo, deja fuera acciones dirigidas a promover el respeto de los derechos humanos de las minorías.

En materia de impartición de justicia el Partido Verde propone reformas que garanticen salarios dignos a policías estatales y federales, además estandarizar los ingresos de las corporaciones de los tres órdenes de gobierno, así como la depuración de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia.

Sus propuestas de lucha contra el narcotráfico contemplan implementar programas que aminoren las afectaciones económicas que han sufrido los sectores campesinos para inhibir a los que, por necesidad, se dediquen a la siembra de enervantes.

Sin embargo, en los hechos, el Partido Verde no se ha enfocado en la promoción de éstas y ha decidido centrar sus estrategias de proselitismo en ofertas de mercadotecnia fácil al impulsar propuestas como la que promueve en salud: “Si el gobierno no te puede dar tus medicinas, que te las pague”.

El PVEM durante años ha tenido curules en el Congreso de la Unión, lo que lo hace parte de ese “gobierno” que no se ha hecho cargo de garantizar el suministro de medicinas. Resulta ilógico pensar que si el “gobierno” no ha invertido el suficiente presupuesto en surtir las farmacias de los hospitales públicos sí lo hará en repartir vales. Lo mismo pasa con su propuesta en educación sobre bonos para inglés y computación. El Verde olvida que el Estado tiene la obligación de impartir en todos los niveles educación de calidad que se sujete a las exigencias modernas y que debería incluir estas materias, sin necesidad de bonos.

Además, parece que el PVEM olvida que los recursos tanto para impartir una educación de calidad como para garantizar servicios de salud y, en todo caso los “vales” y “bonos” que ellos proponen repartir, provienen de la misma fuente: los impuestos de los mexicanos. El Verde hace a un lado la responsabilidad del Estado en la impartición de estos servicios.

En su propuesta en seguridad, “Pena de muerte a asesinos y secuestradores”, cae en la incongruencia. Hace apenas cuatro años, el 9 de diciembre de 2005, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto que reforma el artículo 22 de la Constitución, para abolir definitivamente la pena de muerte en México, reforma que fue votada a favor por los legisladores del PVEM. Ahora pretenden retractarse de su postura al pronunciarse a favor de esa iniciativa, con conocimiento de que la propuesta no prosperará por existir tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano que lo impiden.

Esta propuesta es una salida simple ante la ineficacia del sistema de justicia, del sistema de seguridad pública y del sistema penitenciario. Al parecer, el Verde pasa por alto que la demanda de la sociedad no son sillas eléctricas, sino la captura de los responsables de los delitos y la seguridad de vivir en un país sin violencia, secuestros, homicidios e impunidad.

La decisión del PVEM al hacer a un lado sus valiosas propuestas ecológicas, que lo diferencian del resto de los partidos, y su apuesta por buscar el voto mediante campañas que parecen apelar al temor y al rencor ciudadano pueden ser la causa de que se estén generando movimientos ciudadanos desde sitios de internet que proponen dar “la pena de muerte al Partido Verde” que, sumados a las expectativas de un alto índice de abstencionismo y el movimiento del voto nulo, no pronostican resultados favorables para el Verde.

Analista