Este país, con casi 7.5 millones de habitantes, alrededor de 80% menor de 35 años, es un claro ejemplo de la pobreza y el atraso que ha caracterizado a esa región por décadas como consecuencia de estructuras sociales, políticas y económicas que han favorecido a grupos de oligarcas rentistas, apoyados por largos periodos de dictaduras militares.

Aproximadamente un tercio de la población se encuentra ocupada en la agricultura y poco más del 40% en los servicios. Al menos el 20% de la población mayor a 15 años es aún analfabeta. De acuerdo con la CEPAL, aproximadamente el 60% de la población se encuentra en pobreza, medida como un ingreso menor al doble del costo de una canasta básica, y un 26% está en pobreza extrema. Casi el 45% del ingreso se concentra en el último decil, aunque hay que reconocer que esta cifra es muy similar a lo que ocurre con la mayoría de los países en América Latina, incluido el nuestro. Esta foto podrá parecer dramática, pero hace menos de dos décadas era aún peor. El regreso a la vida democrática hace ya algunos años, como sucedió con la mayoría de los países de la región, abrió la posibilidad de sentar las bases para iniciar cambios en todos los sentidos que permitieran revertir esta situación. Cabe señalar que entre el 2004 y 2007, este país creció por arriba del 6% real anual en promedio. Incluso su crecimiento en el 2008 fue cercano al 4%.

Esto me lleva al tema sobre democracia y crecimiento económico, de crucial interés en la ciencia económica. Si bien en su trabajo clásico de 1996, Barro encontró una débil relación entre estas variables, resultados posteriores muestran su relación positiva, a pesar de que “democracia” es una variable difícil de medir para estas pruebas estadísticas. Pero de manera más importante habría que destacar que ésta parece ser una relación de largo plazo, como lo enfatiza Acemoglu, profesor del Tecnológico de Massachusetts. Señala cómo la historia nos muestra que países que fueron creando instituciones democráticas y un ambiente favorable a la “destrucción creativa” lograron crecimientos mayores que aquellos que se aferraron a regímenes autocráticos. Es decir, la democracia no es un remedio mágico, sino que requiere de mucho tiempo para que empiece a rendir frutos. Es un largo proceso que debe incluir la creación de las instituciones que promuevan las oportunidades y el crecimiento. Como señala North (premio Nobel), una condición necesaria para el crecimiento económico es la adecuada definición de los derechos de propiedad y su respeto, lo cual sólo es posible cuando los derechos políticos y civiles están seguros, de lo contrario siempre existe el riesgo de confiscación. O como señala Rodrick, la democratización puede limitar las actividades rentistas si se crea un sistema de contra-balances. Las instituciones democráticas pueden verse como la última instancia para el manejo de conflictos en la medida que permitan que las diferencias de los grupos sociales puedan ser resueltas de manera predecible, incluyente y participativa. Pero insisto que este es un proceso que requiere de mucho tiempo, como lo muestra el ejemplo de nuestro país en donde aún no termina por consolidarse a pesar de los años transcurridos. Pero hay que iniciarlo, invertir en él y evaluarlo sistemáticamente.

Lo que acaba de suceder en Honduras es un grave atropello no sólo a las mínimas garantías individuales, sino a esta lógica. Este país forma parte de un enorme conjunto de países que están urgidos por acelerar su democratización y crear las instituciones conducentes a mayor crecimiento y bienestar. Hace poco lo iniciaron y este golpe es un freno y regreso al pasado, con un enorme costo para la mayoría de su población. Los conflictos internos entre grupos deben ser resueltos a través de los causes institucionales y democráticos y mediante las reglas del juego que predominan en el entorno mundial moderno. No existe ninguna razón para justificar una acción que termina por destruir instituciones y cancelar avances. Son probablemente estas las razones que han llevado a ubicarse en el mismo lado a gobernantes tan distintos como Chávez y Ortega, junto con Obama y Calderón, para demandar el regreso a la institucionalidad y no reconocer a las nuevas autoridades. En muy pocas ocasiones se había visto una reacción unánime frente a un evento de esta naturaleza. Ahora es importante que esta comunidad internacional efectivamente haga valer su posición y utilice los mecanismos adecuados para ello. Si bien el regreso de Zelaya podría no garantizar la democracia ideal y el crecimiento, mi argumento es que coadyuva a continuar con este proceso que seguramente requerirá de muchos más años y esfuerzos por lo que he señalado arriba. Pero de algo estamos seguros: estos golpes de estado deben ser cosa del pasado. Ya no deben tener cabida en el siglo XXI.

Investigador del CIDE y de la EGAP-ITESM-CCM