Los resultados del diagnóstico que llevamos a cabo (plasmados hasta ahora en 10 documentos y varias bases de datos, que pueden verse en www.rendiciondecuentas.cide.edu) nos dicen que ese concepto ni siquiera está definido en la Constitución del país. Rendir cuentas puede ser, por ejemplo, publicar informes, inventar indicadores, entregar papeles contables, atender instrucciones o responder solicitudes de información, según el cuerpo jurídico que se invoque, pero casi nunca en función de los ciudadanos, de los resultados comprometidos o de los costos en los que incurre cada unidad de la administración pública. Hoy estamos seguros de que en México no hay un sistema, ni un conjunto de reglas coherentes, ni una política armónica dedicada a la rendición de cuentas.

En el trabajo escrito por Sergio López Ayllón se muestra que hay al menos tres sistemas jurídicos diferentes en la Constitución del país (el de responsabilidades, el de transparencia, el del gasto público) con principios, normas, procedimientos y responsables diferenciados. Sistemas que, mientras más se complican (cuando se aplican), más diluyen la rendición de cuentas. Y entre ellos no hay coherencia ni articulación ni comunicación.

Sabemos que no es posible rendir cuentas sin cuentas. Pero ocurre que los criterios que se utilizan en el gobierno federal y en las distintas entidades federativas para llevar la contabilidad gubernamental y para fiscalizarla no sólo son diferentes entre sí (lo que hace imposible comparar costos, procesos y resultados), sino que también difieren en su propia estructura. Por ejemplo, tras revisar las cuentas públicas que presentan los estados de la República a la luz de 15 indicadores básicos, diseñados para calificar si es posible conocer de dónde viene el dinero público y cómo se gasta, el resultado fue de apenas 3.5 sobre 10. Y en los municipios (aun con excepciones sorprendentes) la situación es todavía peor. Laura Sour estudió las cuentas estatales y municipales con el mayor detalle, y confirmó que ni por el lado del registro de ingresos ni por los gastos es posible desentrañar información sustantiva y oportuna para tomar decisiones de política pública.

Y como prueban Guillermo Cejudo y Alejandra Ríos, mientras más se estudian los métodos, los procedimientos y las oficinas estatales y municipales responsables de garantizar el control de la legalidad, la evaluación del desempeño o la información pública sobre dineros y resultados, más se confirma que están diseñados para no rendir cuentas.

Por otra parte, María del Carmen Pardo revela que aunque el gobierno federal ha inventado distintos programas formalmente destinados a rendir cuentas, lo cierto es que cada uno obedece (en el mejor de los casos) a su propia lógica. De modo que al final no se rinden cuentas sino a través de complejísimos sistemas procedimentales, métodos de control y salvaguardas burocráticas de toda índole, en los que nadie acaba siendo responsable de nada. Los programas pueden fallar y los procesos se pueden desviar y, a pesar de todo, los responsables quedarán casi siempre impunes, a menos que se hayan llevado el dinero a su casa y hayan sido delatados o descubiertos, por excepción.

Y las cosas en el Poder Legislativo y el Judicial son todavía peores. María Amparo Casar e Ignacio Marván, por una parte, y José Antonio Caballero, por la otra, han documentado que esos poderes pueden llegar a ver la paja en el ojo ajeno, pero nunca la viga en el propio. Vigilan a los otros poderes, fiscalizan a los ejecutivos, dicen el derecho, pero no rinden cuentas.

En esta materia, hay una larga agenda por delante. Tan larga como compleja y difícil de construir. Pero me parece que arreglar esos problemas básicos de fontanería democrática, que hoy ya tenemos documentados, es una tarea elemental para volver a imaginar que México puede ser un poco mejor y que no todo ha de depender de la calidad de nuestra clase política, o de la bondad o la perversión del poderoso de turno. También puede ser que cambiemos, algún día, porque aprendimos a recibir y a rendir cuentas sobre el ejercicio de la autoridad pública. A ser ciudadanos en serio, con políticos que también se tomen en serio.

Profesor investigador del CIDE

Doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid. Ex consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), se desempeña actualmente como profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Ha fungido como gerente internacional del Fondo de Cultura Económica (FCE) y como agregado de la Embajada de México en España.