Incluso si el Senado estadounidense —último escollo de la iniciativa— eliminara el condicionamiento, el gobierno de Barack Obama no puede abstraerse de la experiencia que su país tuvo en otra lucha similar en Colombia. El balance entre seguridad y derechos humanos que se construyó en aquel país aporta la valiosa lección que tiene sentido replicar a través de incentivos económicos.

Mientras más enérgico sea el combate al crimen organizado más necesario será el acompañamiento de la vigilancia sobre los derechos humanos. De lo contrario, la prolongada presencia militar en ciudades y poblaciones tenderá naturalmente a diluir las fronteras entre lo que los soldados o policías tienen prohibido y lo que pueden hacer. O peor, destruir poco a poco las libertades ciudadanas.

Para que tal escenario no ocurra, jueces y defensores de derechos humanos han de servir como vigilantes de la actividad de las Fuerzas Armadas y las policías. Son ellos quienes deben actuar como contrapesos para evitar un ejercicio del poder sin límites.

Todo indica que en nuestro país la cruzada contra el narcotráfico será larga. En la medida en que lo sea hay que defender comprometidamente las libertades y los derechos de la población. Ningún crimen, ningún delito o violación a la ley justifica que las garantías constitucionales de los mexicanos sean expropiadas.

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los derechos humanos, son los principios que rigen la editorial que día a día publica EL UNIVERSAL en torno a los acontecimientos principales en México y el resto del mundo.