La espiral de los últimos días de esta campaña electoral, como ya es una costumbre en nuestro país, nos muestra lo peor de la política: las expresiones más absurdas de los políticos, como la que vimos de López Obrador en Iztapalapa dando órdenes para darle la vuelta a una dudosa sentencia del Tribunal Electoral. Este caso será un clavo más en el complicado proceso de la fractura interna de la izquierda que ya parece irreversible. Las declaraciones —cada día más radicales— de los líderes políticos, que suplen el debate con una cadena de descalificaciones y adjetivos. Las ocurrencias, un tanto ingenuas, de condicionar el voto a que los candidatos firmen sus compromisos ante notario, como lo hizo Alejandro Martí, con una agenda que incluye la contrarreforma electoral; iniciativa potenciada por Televisa para llevar agua al molino de sus intereses como un poder fáctico que no ha dejado de litigar en contra de la reforma, que la dejó sin una parte del negocio televisivo de la política. El otro caso es Michoacán, en donde la acción penal ya contaminó la elección y estableció la sospecha de un uso electoral en la lucha contra el narcotráfico.

Mientras los partidos siguen a la caza del voto, vemos cómo se procesan en México las tragedias, como la de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Esta tragedia, que ya cobró la vida de 47 niños, ha destapado redes de corrupción, deficiencias institucionales, falta de regulación y una débil responsabilidad que se pasa como una bolita entre los diferentes niveles de gobierno. Este caso trágico no es más que una pequeña expresión del país contrahecho, en donde lo único cierto es que para los ciudadanos no hay bienestar, seguridad y, mucho menos, justicia. Un Estado ineficiente, unas veces capturado (en este caso le dicen subrogado), otras veces fallido.

Nuestra democracia esta llena de deficiencias y huecos. La representación democrática se ha debilitado. Estamos insertos en una dinámica de elecciones, más o menos institucionalizadas, que conviven con dinámicas en las que no hay rendición de cuentas ni transparencia; dominan los monopolios en amplias zonas de la vida pública (sindicatos, televisión, telecomunicaciones); los poderes regionales vulneran a las instituciones; el crimen organizado reina en diversos territorios del país a pesar de la militarización; la concentración de la riqueza y la desigualdad son piezas que no se mueven; el sistema de impartición de justicia está podrido.

Ante este país, las élites políticas nos han colocado como ciudadanos en el grado cero de la participación, y sólo nos conceden elegir a candidatos que no seleccionamos, porque las listas las hicieron las burocracias partidistas. Una vez que estos candidatos son electos no los volvemos a ver nunca; en el Congreso lo que hacen es obedecer las directrices de sus líderes, y estos líderes a su vez siguen la línea de sus partidos. En la negociación, los grandes intereses tienen asegurada la aprobación de sus proyectos; en diversos casos los legisladores son voceros y representantes directos de esos intereses. Así, hemos esperado años a que se hagan las reformas políticas, las transformaciones constitucionales que necesita el país para tener mejores instrumentos, para poner al país a tono con un sistema democrático. Pero una vez que pasan las elecciones, desaparece la prisa, los compromisos se esfuman y empieza a reinar la política real de los intereses poderosos. Así ha sido una y otra vez, con nuestro voto, con nuestra confianza y con nuestras expectativas. Por eso hoy tenemos un movimiento por la anulación del voto.

¿Cómo cambiar esta dinámica? Es muy factible que si seguimos votando o en las filas abstencionistas, este sistema va a seguir igual. Por lo pronto, ya regresó la obsesión por ajustar de nuevo las reglas electorales, como si ello fuera la llave mágica que corrige los grandes problemas nacionales. A estas alturas ya se ha vuelto tan relativo el cambio de reglas electorales, única metodología que apasiona a nuestros políticos, que otra reforma como la que ya se anuncia no hará sino seguir la misma dinámica.

Nada garantiza que otro cambio de reglas vaya a modificar el desprestigio y la falta de legitimidad en la que se encuentra el sistema político. Nada lo garantiza si no se asume la crisis del sistema representativo, como lo postula el movimiento por el voto nulo. Es urgente un cambio de dinámica política, en el que haya reformas profundas que hagan de nuestra democracia un instrumento útil para la representación ciudadana, porque lo que tenemos hoy no funciona. Los partidos tienen que modificar sus privilegios; es necesario construir nuevos diseños institucionales que permitan una mejor gobernabilidad, rendición de cuentas, reglas que posibiliten una construcción de coaliciones más estables y un mecanismo de certidumbre en la relación entre Ejecutivo y Legislativo. ¿Es posible otra democracia?

Investigador del CIESAS

Profesor e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).

Ha escrito libros y numerosos artículos de investigación.

También ha sido docente en universidades mexicanas y conferencista en diversas instituciones extranjeras, como la Sorbona de París, la UNESCO, la Universidad de California en San Diego y el Instituto Ortega y Gasset en Madrid.