En Chihuahua, que concentra la mitad de las ejecuciones del narcotráfico, que tiene primer lugar en secuestros y extorsiones, el tercero en robo de autos y compite por ser el último estado en limpiar a sus policías de la infiltración del crimen organizado, se lleva a cabo un nuevo operativo conjunto de insospechables dimensiones para el resto del país.
Se desarrolla una inédita convocatoria que ha reunido a buen número de actores políticos; es un operativo que en pocos días ha desembolsado recursos, ha urgido a la “movilización social” y colma de desplegados y gacetillas a los principales medios, y en cuya novedad el dato más llamativo es que este valiente esfuerzo sí lo encabeza el gobernador, José Reyes Baeza Terrazas.
No es un esfuerzo inédito de policías locales contra el narco; en Chihuahua la autoridad estatal es respetuosa de la competencia exclusiva de la Federación. Tampoco es una cruzada especial para combatir el secuestro o incitar la participación ciudadana para denunciar la extorsión y el asalto a casa habitación. No es nada de eso.
El operativo tiene un propósito vergonzoso para Chihuahua y que debiera ser preocupante para la República, porque pretende instaurar una especie de represión preventiva a toda crítica en torno del fracaso del gobierno del estado en combatir la inseguridad; busca inhibir los cuestionamientos a la connivencia y omisión de las estructuras estatales en torno del crimen, que mantiene a la sociedad en la angustia. Pues ahora le quieren agregar la intimidación.
La campaña mediática que ha concitado a las fuerzas vivas busca intimidar a la opinión pública y a los escasos espacios que critican al gobierno, y toma como pretexto las declaraciones de la senadora María Teresa Ortuño para lanzar el mensaje de que “A Reyes se le respeta”. Como fue la consigna principal del acto de apoyo del priísmo local a su “líder nato”.
Algunos fueron más francos y frescos: “De todo se le puede acusar a Reyes, pero no de protector de narcos”, dicen sus correligionarios. Reconocen que fracasó, saben que se dedica a contemplar la presencia del Ejército en las calles y todavía pide más soldados; conocen que es el gobernador que más desplegados le ha puesto al Presidente en los periódicos del DF para exigir apoyo, y el que menos delincuentes ha capturado. Pero nadie lo puede tocar.
Y el que se atreva enfrentará una demanda civil de 100 millones de pesos para arriba, y se le irán a la yugular los obispos católicos de Chihuahua, tan vacuos en su función pastoral y tan expeditos en el respaldo “moral” a los gobernantes en turno. Por cierto, como bien lo distingue Miguel Ángel Granados Chapa en su columna de Reforma, en el apoyo priísta al gobernador, la excepción de esta cargada episcopal es el obispo de la Tarahumara, Rafael Sandoval Sandoval.
De todos los textos de los prelados uno llama la atención: “Damos testimonio de que usted se ha comportado como un hombre íntegro y prudente”. Y luego: “Conocemos y estimamos su trayectoria al servicio de la política, así como su conducta en público y privado, en donde invariablemente ha antepuesto los intereses de la ciudadanía a los propios y personales”.
El que sí es para Ripley es el desplegado de la solidaridad indígena con el gobernador. Pero es tan pueril la maniobra, que los redactores del desplegado hacen hablar a los rarámuris como chabochis: “Estamos con usted apoyándolo con todo nuestro afecto, por las mentiras que personas han hecho en su contra y de su familia”.
Y así han estado 12 desplegados, incluyendo a algunos de los “intelectuales chihuahuenses que viven en la ciudad de México”. Pareciera que estamos ante el hombre que logró desterrar al crimen y no frente al que ha llevado a Chihuahua a los niveles más dramáticos de violencia.
Con esta campaña se busca preparar un ambiente inhospitalario para el inevitable balance que la sociedad hará de su administración en este su tramo final. El necesario escrutinio, como bien dijo la senadora Ortuño, de las acciones y omisiones del gobernador Reyes Baeza Terrazas vendrá y más de uno de los firmantes tendrá que repensar el aval, si en verdad lo hicieron.
Los chihuahuenses tenemos derecho a preguntarnos por qué en nuestro estado se concentró la disputa de los dos principales cárteles y por qué en lugar de aminorar, aumenta. Pero hay un operativo conjunto que no quiere que sepamos. No lo van a conseguir.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
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