Se trata de una verdadera canallada, de una decisión adoptada con alevosía, que deja en indefensión a la candidata y favorece a una minoría que adolece del respaldo partidario. Una decisión que da cuenta, además, de la profunda crisis de las instituciones públicas del país, en este caso el Tribunal Electoral, que —lejos de garantizar los derechos ciudadanos y el cumplimiento de la ley— se ha convertido en un tribunal de consigna y en el brazo político de una coalición de intereses que pretende socavar el avance de la izquierda e impedir que ésta encabece la transformación de nuestro país y la defensa de los intereses de la mayoría de los mexicanos.

Esta coalición de intereses es la misma que designó a los magistrados del tribunal, lo que los ha subordinado de origen y les ha dado impunidad, avalando conductas corruptas como las operaciones fraudulentas en la adquisición y arrendamiento de inmuebles de la institución, al igual que a otros magistrados denunciados por recibir prebendas del candidato priísta en Baja California para acreditar la legalidad de su candidatura a gobernador.

Los magistrados carecen de autonomía y de autoridad moral. Sus integrantes obedecen a quienes los designaron: son sus antiguos colaboradores, viejos burócratas que participaron en la operación fraudulenta de 2006.

Esta resolución constituye un agravio a los habitantes de la ciudad de México, un intento de minar al Gobierno de la ciudad. Se trata de un acto que abona en contra del proceso electoral, que alienta la abstención y muestra que las instituciones no funcionan. Es una provocación que revive el conflicto interno del PRD, un fraude anticipado contra los ciudadanos de Iztapalapa. El tribunal abona así no sólo al demérito de la democracia y de las elecciones, sino al deterioro, a la descomposición y a la corrupción de las instituciones públicas.

Pero también tenemos que decir que no es un asunto exclusivo de los grupos de interés de la derecha y del Estado. Esta decisión ha contado con la colaboración y complicidad de miembros del partido que, lejos de defender un proyecto y la autonomía de nuestra organización, buscan complacientemente negociar el futuro de nuestro proyecto.

Ahora resulta que se llama traición la defensa del interés mayoritario del PRD en el Distrito Federal y en Iztapalapa. No sorprende que Jesús Ortega defienda la resolución del tribunal, esa es su “fuente de legitimidad”, como tampoco podemos acusar traición a principios que nunca se han tenido. Ortega y su grupo en Iztapalapa deben asumir su responsabilidad, él y su grupo generan una nueva situación de fractura, al pactar a espaldas del partido una candidata ajena a la militancia. El tribunal les ha brindado de nueva cuenta un servicio, que pronto habrán de corresponder.

En esta campaña asumí un compromiso para evitar una regresión electoral del PRD y de la izquierda. He realizado un campaña nacional que postergó la resolución de nuestras diferencias. Mas la respuesta es otra vez la obsesión por crear una izquierda cómoda y acomodada en el control de una burocracia que abandonó el proyecto de transformaciones que nos propusimos de origen. Ante esta afrenta es imposible quedar impasible y actuaré congruentemente en apoyo a mi partido en el Distrito Federal y a mis compañeros en Iztapalapa.

aencinas@economia.unam.mx

Profesor en la Facultad de Economía de la UNAM

Diputado Federal en las Legislaturas de los años 1985–1988 y 1991–1994. Secretario de Medio Ambiente durante el Gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, Secretario de Desarrollo Económico, Subsecretario de Gobierno y Secretario de Gobierno en el período de Andrés Manuel López Obrador. Jefe de Gobierno en 2005 y 2006. Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM.