Esta ola ciudadana en su mayoría surge espontáneamente, carece de polo articulador y se manifiesta en incontables ramificaciones. No tiene líderes y mucho menos representantes. Incluso en las formas presenta una gama de opciones: votar por candidatos no registrados, tachar a todos, escribir mensajes en las boletas.

Lo llamativo y peculiar es que en muchos casos esta protesta es promovida por demócratas y ciudadanos que aspiran a contar con instituciones democráticas. Incluso viejos luchadores por elecciones limpias se inclinan por el voto nulo.

Esta paradoja concita el rechazo de otros demócratas, que también con poderosas razones demuestran que el voto nulo es una protesta carente de sentido político y que más bien parece desahogo inútil.

El punto central es que muchos coincidimos con el hartazgo sobre los excesos de la partidocracia. Por eso lo relevante no es si votar o anular, sino sobre el rumbo después del 5 de julio para lograr cambios sustantivos e inmediatos en el régimen político.

La ilusión de que las cúpulas partidistas van a atender el reclamo de los votos nulos es ingenua y muy riesgosa. Puede incluso generar una nueva frustración entre la ciudadanía, sobre todo entre los jóvenes que creen que “ahora sí” les tienen que hacer caso.

Hay que asumir la responsabilidad para darle rumbo y cauce a las expresiones de protesta. Sin embargo, esto no es sencillo; el reto es doble: ¿es posible generar una agenda común, compartida por un espectro muy amplio y plural de posiciones que quieren promover cambios al sistema político? ¿Es posible acordar una forma de presión que obligue a los legisladores a realizar las reformas solicitadas?

Acordar una agenda común entre grupos y personas con experiencias y opiniones diferentes, que pueden ser contradictorias, resulta muy difícil. El descontento tiene causas y posiciones diversas.

Entonces el primer reto es consensuar un conjunto de cambios viables y de fondo en una lista corta. En Alianza Cívica insistimos en: 1) reducir a la mitad el financiamiento público a los partidos; 2) reducir el número de diputados y senadores; 3) establecer el derecho de iniciativa legislativa ciudadana.

Por cierto, también hay que evitar que las televisoras usen esta protesta ciudadana para revertir la reforma electoral y regresar a la publicidad pagada en medios electrónicos. La prohibición de contratar tiempo en los medios electrónicos debe considerarse un triunfo ya logrado. Hay “anulistas” que proponen revertir la reforma de 2007.

En la discusión conviene incluir dos medidas estructurales que pueden romper el control de las dirigencias partidarias sobre el sistema político: 4) reelección de legisladores y 5) registro de candidaturas independientes. Éstas podrían probarse primero en elecciones municipales. El registro de “partidos municipales” con requisitos mínimos sería otra opción similar.

Un tercer campo de propuestas incluye el fortalecimiento y la independencia de los organismos autónomos. Hay que evitar que sigan siendo botín para reparto de cuotas partidistas. Esta medida es relevante porque en noviembre el Senado nombrará al nuevo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en diciembre al titular del Banco de México. La propuesta sería entonces: 6) fortalecer la independencia de los organismos públicos y nombrar titulares de reconocida y probada trayectoria.

Para movilizar la participación plural, diversificada y al mismo tiempo unida de la sociedad que genere presión para lograr estos cambios habrá que combinar formas de expresión muy variadas, que se manifiesten con mucha fuerza y creatividad entre agosto y noviembre (durante el primer periodo de sesiones de la nueva Legislatura). Un encuentro de organizaciones ciudadanas en julio podría ser el primer paso de este camino.

Presidente de la organización Alianza Cívica