De hecho, existen países en donde programas radiofónicos o televisivos hacen del debate su razón de ser, como el caso del exitoso programa italiano Porta a porta, conducido por Bruno Vespa, en el que semana a semana es recurrente ver sentados juntos al primer ministro en turno con el (o los) líder(es) de la oposición discutiendo sobre los más variados temas de la política, la economía y los problemas de la sociedad.

En México, la figura del debate se instaló tibiamente entre nosotros como producto de la transición y casi exclusivamente en los contextos electorales. Hace 15 años, en las elecciones presidenciales de 1994, tuvimos un primer experimento. Desde entonces, en cada proceso para renovar la Presidencia de la República se han venido repitiendo esos encuentros acartonados que se asemejan más a un interminable spot de decenas de minutos por participante, que no a un espacio de confrontación de los diversos diagnósticos sobre la situación y necesidades del país, así como de las propuestas para enfrentarlas.

Los debates así entendidos terminan por desnaturalizarse, adquieren un peso desproporcionado y se vuelven un mero instrumento de estrategia electoral, de cálculo político, y no de discusión de cara al público de distintas posiciones políticas.

Un debate, cuando es serio, se convierte en un mecanismo poderosísimo de información para el ciudadano que lo presencia, permite que las posturas de los actores políticos se socialicen y contribuye a la formación de una verdadera opinión pública. Y tiene un impacto benéfico aún mayor cuando no sólo circunscribe a un contexto electoral y gira sólo en torno a las plataformas políticas de los partidos, sino cuando se discuten permanentemente los problemas de la sociedad.

El carácter extraordinario de la cultura del debate político tiene sus consecuencias: la nuestra es una sociedad epidérmica que termina por ser más sensible a la descalificación que a los argumentos. La responsabilidad, en ese sentido, es de todos, de los políticos, por supuesto, pero también de los académicos, de los analistas (expertos en todo y nada) y de los medios de comunicación, más interesados en la estridencia que en la sustancia. Toda generalización es mala, me hago cargo de ello, pero creo que la precariedad del debate público es algo que nos involucra a todos.

Hoy el tema se plantea, una vez más, en el contexto electoral a propósito del debate que han organizado los dirigentes del PAN y del PRI. Se trata, una vez más, de un acto esporádico y, en esta ocasión, también excluyente de los otros contendientes. Eso no sería raro si este fuera uno más de los debates en la elección; sería natural que dos contendientes que encabezan las preferencias electorales quisieran confrontarse sólo entre ellos. Pero dado que se trata de un único evento de esa naturaleza, supone inevitablemente una merma importantísima en términos de la equidad entre los contendientes.

Resulta comprensible la protesta que algunos partidos (el PRD y el PSD, esencialmente) plantearon, y que el secretario ejecutivo del IFE hizo suya, exigiendo que la CIRT no transmitiera el debate.

Pero eso es, simplemente, la consecuencia de una falta de cultura del debate que sigue siendo uno de los grandes pendientes de nuestro incipiente sistema democrático.

Investigador y profesor de la UNAM.

Licenciado en Derecho por la UNAM y doctor en Teoría Política por la Universidad de Turín Italia. Es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (en donde coordina el área de derecho electoral) y profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM.

Experto en temas político-electorales, de formas de gobierno, de control constitucional y de derechos fundamentales. Autor de varias publicaciones de derecho electoral, derecho constitucional y teoría política. Analista y comentarista de temas jurídicos y políticos de El Universal y de varios medios electrónicos de comunicación.