La hacienda pública, que para mal se ha resumido en impuestos, es mucho más que la recaudación de tributos, pues incluye otros ingresos importantes como los que se derivan de la explotación de los hidrocarburos. Comprende también la determinación de los precios y tarifas del sector público, el endeudamiento y el gasto público. En términos lisos y llanos, la hacienda pública no es más que la capacidad de hacer del Estado, lo que obliga a contemplar su organización para anticipar y programar el uso de los recursos públicos para transformarlos en bienes y servicios, así como en activos.

Mientras prevalezca la percepción de que el gobierno sirve para poco, escasamente contribuimos a la discusión profunda sobre cómo lograr y cómo organizar al Estado para que el gobierno (el federal, estatal o municipal) sea el proveedor de bienes y prestador de servicios en aquellas áreas que la sociedad lo haya determinado así, y se complemente con la actividad de los individuos y las organizaciones privadas y sociales para contribuir a la generación de una prosperidad y bienestar generalizados.

Sin embargo, esto obliga a cuestionarnos si para ello el Estado debe o no tener el monopolio en la producción de ciertos bienes o la prestación de servicios. Y si así es el caso, cómo se evitan conductas monopolísticas prohibidas por nuestra Constitución. Cuestionarse y responderse si ciertos bienes y servicios pueden ofrecerse en mejores términos de costo, precio, calidad y oportunidad por los sectores social y privado, o determinar cuál de los tres órdenes de gobierno —el federal, el estatal o el municipal— puede hacerlo mejor, o incluso en cuáles deben complementarse para que el ciudadano sea el beneficiario.

En el sector privado, es la competencia la que se encarga de disciplinar y de poner a cada quien en su lugar cuando los mercados funcionan. En esa misma dirección, son también los accionistas los que con sus decisiones de invertir o salirse del negocio influyen en un desempeño deseable. En contraste, la disciplina en el Estado se logra con la democracia; el voto que ésta implica; el debate público que requiere; el equilibrio entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y la complementariedad que debe darse entre los órdenes federal, estatal y municipal.

No obstante lo anterior, la cruda realidad es que recaudamos poco, gastamos mucho y, por si no fuera suficiente, las erogaciones públicas están resultando ser de poca efectividad.

Dada la importancia de contar con un consenso amplio para reformar la hacienda pública, conviene reconocer y tener presente que, hoy por hoy, lo que recaudamos solamente de impuestos, sin los derechos por hidrocarburos que denominamos ingresos petroleros, no alcanza para cubrir el gasto de operación del gobierno para proveernos de los servicios que más demandamos como son el de educación, salud, seguridad pública, defensa, procuración de justicia, por citar los más importantes.

El gasto programable más las participaciones, que comprende los rubros citados, más los que proveen en esas áreas los gobiernos estatales y municipales, no alcanzan a cubrirse con lo que se recauda del ISR, IVA, IEPS e impuestos al comercio exterior. En 2008 el gasto público programable que ejercieron los tres órdenes de gobierno fue de 19 mil pesos (un salario mínimo anual de la zona A) por cada uno de los 106 millones de mexicanos, y la recaudación de los puros impuestos fue menor a los 9 mil pesos por persona. Esto significa que se está incurriendo en un déficit público anual por persona de 10 mil pesos que pudo financiarse gracias a la venta de petróleo.

El déficit estructural de las finanzas públicas, definido como la diferencia entre sus ingresos y gastos recurrentes, esto es, que no incluye ingresos por venta de activos y petróleo o egresos como inversión, junto con la mala calidad de los servicios públicos y la falta de cobertura, demanda resolverse si en verdad queremos que México crezca.

Aunque es un tema relevante, las plataformas electorales tratan el tema de la hacienda pública con superficialidad y ambigüedad. Hasta ahora, ningún partido político ha buscado posicionar la elección alrededor de esta materia que requiere recibir del electorado un mandato claro. Así, ¿qué decidirán los legisladores en la Cámara de Diputados sobre la hacienda pública? Es un misterio que la democracia no se merece.

Economista

Consultor especializado en temas de finanzas públicas, presupuesto y energía. Fue secretario general de la Fundación Colosio A.C. Diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la LVIII Legislatura. Con maestría y doctorado por The Ohio State University. Ha sido subsecretario de Política de Energía, director general de Política Presupuestal, así como jefe de la Unidad de Política y Control Presupuestal en la Subsecretaría de Egresos; director de Planeación Financiera y director de Deuda Pública, en la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público.