Quizá los partidos recapaciten ante urnas vacías. Quizá no: Luis González de AlbaCon estos bueyes hay que arar: expresión campesina El hartazgo es evidente. Hay un repudio de los ciudadanos a políticos, partidos y gobiernos. Pero hay algo peor: el agobio que genera el retroceso económico —más grave en México que en la mayoría de países de la región— y el miedo que genera la brutalidad de la delincuencia están alimentando la nostalgia de algunos, cada vez más, por las viejas certidumbres y la mano dura. Como la memoria es corta, en México, como en toda América Latina, el desencanto con la democracia hace que segmentos importantes de nuestras sociedades se digan dispuestos a sacrificar libertades si, a cambio, se pone freno a la inseguridad pública y se recupera el crecimiento. La más reciente medición del Latinobarómetro (2008) muestra que 53% de los ciudadanos de la región está dispuesto a aceptar un “gobierno no democrático si resuelve problemas económicos”. La agregación de problemas configura un escenario perturbador. Quienes creían que la alternancia contribuiría a resolver los graves problemas heredados de la República priísta saben hoy que la ineptitud no es patrimonio de un régimen ni de un partido y que las viejas inercias resisten y se imponen. En momentos difíciles para el país, la ausencia de una clase política inteligente, lúcida, imaginativa y honesta que privilegie el interés nacional y construya alternativas complica el escenario. No obstante que la alternancia en los gobiernos estatales inició en Baja California hace ya dos décadas (a nivel municipal mucho antes), la sociedad sigue sufriendo el nepotismo, la corrupción, la impericia, la complicidad con las bandas criminales. Para colmo, junto con los políticos y los partidos, las dos mayores instituciones electorales, el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sufren un descrédito sin precedente; en el caso del tribunal, la revocación de las sanciones al PVEM terminó con el poco prestigio que le quedaba. Los partidos, especialmente las camarillas que los controlan, aprueban reformas que acentúan sus poderes e injerencia; después, manejan a su antojo las nuevas posiciones en el IFE y el TEPJF, incluso las candidaturas para las elecciones en curso, y hoy se han adueñado de todo: controlan árbitros, juzgadores y contendientes. Este somero recuento da la razón a quienes expresan su frustración con la política y los políticos. En los últimos meses, distintas voces se han pronunciado por anular el voto como una manera de enviar una señal muy clara de reprobación a los partidos y a la clase política. Sin embargo, esta opción de rechazo, lo mismo que la abstención razonada o indolente, tiene por lo menos cuatro problemas: 1) Con la anulación del sufragio o la abstención se deja el campo abierto a la clase política que se busca “castigar”; salvo que se trate de un movimiento masivo, sin precedentes en la historia del país, la definición de políticas públicas y la toma de decisiones de enorme relevancia seguirán en las manos de la partidocracia y sus grupos parlamentarios. 2) Si el diagnóstico es acertado, la dignidad y la responsabilidad democrática son bienes escasos en la arena política y partidista. De tal suerte que el vacío ciudadano o el desprecio manifestado en el voto nulo serán leídos por los políticos profesionales con la arrogancia e insensibilidad que los caracteriza. ¿Desconocen, acaso, los estudios de opinión que confirman su descrédito? ¿Qué ocurrió después de las impresionantes manifestaciones populares contra la inseguridad y la impunidad? ¿Alguien se ha puesto el saco después de que Alejandro Martí les exigiera: “¡Si no pueden, renuncien!”? 3) La abstención y la anulación del voto favorecen al partido con mayor capacidad para movilizar a sus clientelas el día de la elección y potenciar los efectos del voto duro. En el caso mexicano, el PRI lleva la mano a nivel nacional; aunque el PAN y el PRD hacen lo propio en sus respectivos bastiones (Guanajuato y el DF serían casos paradigmáticos). 4) Ante la ausencia de una sociedad civil madura, dinámica, democrática, el hartazgo por la política y sus oficiantes favorece la irrupción de iluminados que disfrazan con retórica popular y anti statu quo proyectos autoritarios y regresivos, lo mismo a la derecha que a la izquierda. En el Distrito Federal —donde, se supone, existirían mejores condiciones para el desarrollo de una cultura democrática— desde hace 20 años un segmento importante del electorado ha votado por opciones “progresistas”: primero, el Frente Democrático Nacional (FDN); después, el PRD. Por esa vía han llegado al gobierno de la ciudad, a casi todas las delegaciones y a la Asamblea Legislativa (ALDF), algunos de los exponentes más oscuros del inframundo urbano, como René Bejarano y sus redes clientelares. Votar, ¿por quién? Anular, ¿para qué? La protesta debe ir más allá de la anulación del voto o las marchas ocasionales, generalmente sin consecuencias. Es imperativo crear ciudadanía desde la casa y la comunidad, la escuela y los espacios de trabajo, las plazas públicas y los medios de comunicación. Mientras tanto, como lo han propuesto algunos analistas y activistas civiles, un primer paso en esa dirección consistiría en votar por candidatos que ofrezcan mínimas garantías de solvencia, honorabilidad y compromiso con la agenda social. Independientemente del partido que los postula y al margen de la burocracia que los arrope. Voto útil en una dirección precisa: modificar las reglas del juego político y generar las condiciones para la emergencia de una organización ciudadana, diversa y plural, que imponga cambios. Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, SC |
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