Claro que el ciudadano ya intuía, desde que se dieron a conocer los candidatos, que las campañas no iban a tener un alto nivel argumentativo. ¿Cómo lo podrían tener si se están volviendo a presentar los candidatos que son responsables de que estemos como estamos? ¿Qué pueden ofrecer los vividores de la política que llevan décadas medrando en el presupuesto público?

Con todo, la ciudadanía no debería resignarse con jingles, eslóganes y cancioncitas, sino que debería ser exigente con quienes le están pidiendo el voto. Habría que preguntar a quienes nos llenan de promesas si el puesto que quieren ocupar les va a permitir realizarlas. ¿Cómo promete un candidato a diputado construir una carretera o un centro deportivo si esas obras no entran en su esfera de competencia? ¿Por qué se refiere un candidato a alcalde a temas de crimen organizado si ese es tema de la Federación? Hay que pedirles que hablen de lo que sí podrían hacer si resultan electos, no de lo que les toca a otras autoridades o a otros niveles de gobierno.

También habría que preguntarles a quienes ya fueron funcionarios por qué prometen ahora lo que tenían que haber realizado en sus encargos anteriores. Un sencillo esquema de rendición de cuentas: si fuiste un inútil en tus anteriores cargos, no mereces mi voto ni mi confianza. Si hiciste bien tu trabajo, voto por ti. Así de sencillo.

Pero no nos hagamos muchas ilusiones. El seudodebate sobre la pena de muerte que presenciamos desde hace semanas y veremos en las siguientes nos demuestra, entre otras cuestiones, lo lejos que están algunos actores políticos de los ideales democráticos más básicos. La descarada e inconstitucional búsqueda de votos pinta de cuerpo entero a una parte de nuestra clase política, para la que los principios democráticos sirven sólo en función de sus intereses.

Hemos visto en los meses pasados que dirigentes de partidos y precandidatos se insultan unos a otros. El escenario ha sido como de vodevil: un dirigente insinúa que cierto partido protege al narcotráfico o, al menos, lo solapa por no aprobar determinada ley; del otro lado le contestan diciendo que es un “pequeño hitlercito”. En un tercer partido se mantenían ocupados intentando limpiar el enésimo fraude en las elecciones internas. Un desastre por donde se le quiera ver. Partidos de miras cortas, afanosamente empeñados en que los ciudadanos sigan ausentes del debate político: eso es lo que tenemos y no se vislumbra ninguna alternativa en el horizonte.

Una democracia fuerte puede y debe promover un debate público desinhibido, abierto y robusto, como lo dijo la Corte de EU hace más de 40 años. Ese debate puede contener expresiones hirientes y mordaces. Los interlocutores pueden enfocarse en lo negativo de los adversarios, pero no se vale hacer imputaciones delictivas. Decirle a un partido o candidato que es narco o que lo protege excede todos los límites admisibles en una democracia, incluso suponiendo que en ese partido hubieran militado personas sentenciadas por delitos contra la salud, dado que la responsabilidad penal es individual.

Cuando vivíamos en un régimen autoritario la responsabilidad ciudadana estaba limitada: la culpa la tenía el sistema. Mientras el sistema no cambie no podemos hacer nada, concluían los indolentes, investidos de una actitud más de súbditos que de ciudadanos. Ahora que el sistema ha cambiado se han terminado las excusas: cada uno debe cumplir con su parte en la construcción de la democracia. Pero muchos no han caído en la cuenta de que el régimen político ya ha cambiado y que cada quien debe cargar con su responsabilidad. Lo menos que nos deben ofrecer son ideas fuertes, creíbles, razonadas. Ideas que nos permitan distinguir entre las alternativas que compiten y que nos hagan elegir la que entendemos que es mejor. ¿Acaso es mucho pedir?

www.miguelcarbonell.com

Investigador del IIJ-UNAM

Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España e Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Coordinador del Área de Derecho Constitucional del mismo Instituto.

Autor de 18 libros y coordinador o compilador de otras 29 obras. Ha publicado más de 280 artículos en revistas especializadas y obras colectivas de México, España, Italia, Argentina, Colombia, Perú, Chile y Uruguay.

Ha coordinado las obras colectivas más importantes de México en materia jurídica, tales como la “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada y concordada” (5 tomos), la “Enciclopedia Jurídica Mexicana” (15 tomos), la “Enciclopedia Jurídica Latinoamericana” (10 tomos) y “Los derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones” (25 tomos).

Miembro del Consejo Consultivo de la CNDH y de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Ha colaborado en la realización de iniciativas ciudadanas de ley; por ejemplo en la “Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información”, la “Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación” y el “Proyecto de reforma constitucional en materia de juicios orales y debido proceso legal”.