La razón en esta ocasión no era nada menor: se trataba de proteger a la población de los daños ocasionados por un virus que hasta hace unas semanas era desconocido, altamente contagioso de persona a persona, que ataca de manera muy agresiva a las vías respiratorias de gente joven —lo que lo hacía atípico—, y que de no ser atendida la infección dentro de las primeras 48 horas resultaba letal. Además, la amenaza del virus, que después se clasificó como de influenza AH1N1, y para el cual se carece de una vacuna, enfrentaba la posibilidad de no poderle hacer frente de manera oportuna.

Bajo esas circunstancias, alrededor de un entorno de gran complejidad, a las que se sumaron las alertas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), era preferible tomar medidas draconianas que pecar de omisión y negligencia. Así México también contribuyó con un gran sentido de responsabilidad dentro de la comunidad internacional al evitar conductas observadas en otros países asiáticos de ocultamiento de información de la epidemia conocida por sus siglas en inglés como SARS, la cual se propagó con una inmensa rapidez primero en los mismos centros de salud, infectando al personal médico y paramédico, pacientes y visitas hospitalarias.

En esos países pospusieron la adopción de medidas inmediatas similares a las nuestras, lo que fue determinante en los 8 mil 96 casos y 774 muertes registradas a nivel mundial por la OMS durante el periodo de noviembre de 2002 a julio de 2003.

Ahora el virus ya está identificado, se tienen los diagnósticos y además se dispone de los medicamentos que aplicados con oportunidad permiten la cura de la enfermedad. Esto, junto con las medidas preventivas de higiene y toma de temperatura, permitirá el regreso a la normalidad. Dentro de lo positivo que se observó durante la emergencia cabe destacar que se ha evitado en México que sean los mismos centros de salud los focos de infección; el comportamiento de la sociedad ha sido ejemplar tanto por su comprensión como por acatar las medidas.

Sin embargo, una vez que la etapa de emergencia está siendo superada, también quedan expuestas las debilidades de nuestro sistema de salud. Faltaron los laboratorios, los cuales ahora, con esta experiencia en carne propia, podrán justificarse ampliamente por la más básica evaluación socioeconómica de proyectos. Esto, a su vez, demanda que la investigación en México se oriente hacia nuestros problemas y que se dote de laboratorios de punta con el fin de atraer y retener talento científico de primera línea que aporte las soluciones requeridas.

Asimismo, habrá que trabajar arduamente en medidas permanentes para el control de infecciones, pues hay que organizar no sólo al sistema de salud y su coordinación tanto en el ámbito federal como estatal, sino también educar a la población para que en la aparición de otro brote infeccioso éste pueda contenerse rápidamente, y así evitar la suspensión generalizada de actividades en una región o todo el país, como ha sido el caso.

Están las condiciones dadas para iniciar y fomentar una cultura de la limpieza en el hogar, la calle, la colonia, el municipio y delegación. De igual forma habrá que exigir la eficiencia y eficacia en los centros de salud, de manera que los tiempos de espera se reduzcan y con ello también disminuya el incentivo a la automedicación. Esto último le hace un flaco favor a la salud pública, la cual requiere de una planificación que va desde la educación hasta el desarrollo de la infraestructura requerida de clínicas y hospitales para la atención oportuna con la receta indicada, y que la farmacia entregue el medicamento si y sólo si es receta auténtica de por medio.

Lo vivido estas semanas es una advertencia que ahora se manifestó en la salud. El país que queremos no es el que sólo sobresale por su capacidad de reacción a atender crisis sean económicas, de salud, de seguridad, etcétera. El gran país que podemos construir lo tendremos cuando tengamos la capacidad de tomar decisiones que nos permitan crecer de manera sostenida y repartir los beneficios de manera generalizada.

Economista

Consultor especializado en temas de finanzas públicas, presupuesto y energía. Fue secretario general de la Fundación Colosio A.C. Diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la LVIII Legislatura. Con maestría y doctorado por The Ohio State University. Ha sido subsecretario de Política de Energía, director general de Política Presupuestal, así como jefe de la Unidad de Política y Control Presupuestal en la Subsecretaría de Egresos; director de Planeación Financiera y director de Deuda Pública, en la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público.