La vulnerabilidad de la prensa viene de cuando los gobiernos autoritarios del PRI ejercían con eficacia la censura. Poco a poco avanzó la libertad de expresión, pero algunos espacios quedaron rezagados: la crítica a autoridades locales y caciques regionales, la investigación sobre los poderes fácticos legales y el seguimiento al crimen organizado.

Las leyes e instituciones creadas en respuesta a la inseguridad que padece el sector no están diseñadas para prevenir asesinatos, secuestros e intimidaciones, sino para perseguir los delitos ya cometidos. Con un índice de impunidad superior a 95%, la “federalización” de los crímenes contra informadores y la creación de comisiones o fiscalías para combatirlos no inhiben a los agresores. En todo caso, esas instituciones carecen de la credibilidad necesaria para funcionar.

El éxito en la lucha contra la delincuencia organizada depende, y mucho, del periodismo. A través de él los criminales son señalados y aislados del resto de la sociedad. El propio gobierno lo ha dicho: la delincuencia organizada necesita de cobijo social para operar. Pero no se puede pedir a los medios de comunicación que, con sus propios recursos, se protejan de todas las balas mientras alertan a la ciudadanía.

Como tanto han insistido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la OEA, los comunicadores son esenciales para que las propias autoridades puedan actuar contra la delincuencia y conocer los actos de corrupción. Proteger al periodista beneficia al país en su conjunto.

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los derechos humanos, son los principios que rigen la editorial que día a día publica EL UNIVERSAL en torno a los acontecimientos principales en México y el resto del mundo.