Si bien no se alcanzaron acuerdos concretos, la visita de Obama sirvió para ratificar la importancia que el gobierno estadounidense le asigna a su relación con México y América Latina, una jerarquía postergada durante la administración republicana. De hecho, la última visita de un presidente estadounidense a la ciudad de México se registró hace 12 años cuando Bill Clinton visitó la capital. George W. Bush nunca pisó el distrito capital durante sus ocho años como presidente.

Uno de los temas que no formó parte de la agenda pública entre ambos presidentes, pero que requiere especial atención, es la libertad de expresión. Varias de las cuestiones abordadas por ambos mandatarios, en particular el tema de la violencia del narcotráfico, exige de la supervisión y el escrutinio de la prensa.

El caso de Armando Rodríguez, un veterano periodista del crimen en Ciudad Juárez, asesinado frente a su hija de ocho años en noviembre pasado, profundizó el clima de miedo en la prensa local en una de las ciudades donde los temas discutidos entre Obama y Calderón son una cruda realidad. Los efectos se sienten en ambos lados de la frontera ya que la falta de información inhibe la formulación de políticas públicas serias tanto en Washington como en la ciudad de México.

Pero el periodismo mexicano ha pagado el costo más alto: 25 periodistas asesinados desde el 2000, ocho de ellos en relación directa con su trabajo. Otros siete han desaparecido sin dejar rastros desde 2005. La cultura del miedo ha producido una autocensura generalizada y en consecuencia la sociedad mexicana se ve impedida de recibir información trascendente porque la prensa está atemorizada; periodistas y medios se autocensuran, y el Estado no ofrece garantías mínimas de seguridad.

En la primera semana de abril, la Cámara de Diputados aprobó una modificación al Código Penal federal que impone sanciones penales a los delitos cometidos contra la “actividad periodística”. La aprobación de la medida, interpretada por algunos analistas como una federalización de los delitos contra la prensa, no es tal desde el momento en que no amplía las facultades de la Federación para atraer casos de crímenes cometidos contra la libertad de expresión. Para federalizar será necesario aprobar una reforma constitucional del artículo 73, cuyo dictamen está actualmente a consideración de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, presidida por el diputado César Camacho. Lista para ser aprobada pero demorada en el Congreso, la reforma pasaría a ser tratada en la próxima Legislatura si no se aprueba en abril.

El gobierno mexicano y los líderes del Congreso se han comprometido a crear un marco legal más adecuado para la protección de la libertad de expresión. El presidente Obama y el gobierno de Estados Unidos, por su parte, deben apoyar estos esfuerzos y trabajar conjuntamente con las autoridades mexicanas para evitar un deterioro aún mayor de uno de los derechos humanos básicos que está claramente amenazado.

La buena información es esencial para la formulación de políticas públicas efectivas y no se puede combatir el narcotráfico sin el apoyo de la prensa y seguridad básica para el ejercicio del periodismo. Por eso la libertad de expresión en México debe ser uno de los pilares de la relación bilateral y una prioridad en la agenda de ambos gobiernos.

Joel Simon es director ejecutivo del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés); Carlos Lauría es coordinador senior del programa de las Américas