A ello se unen problemas como la competencia entre los objetivos netamente económicos y los ambientales, lo que es particularmente agudo en el contexto actual de la globalización, en el que el elemento favorecido por los mercados es la eficiencia económica en la generación de un producto, en este caso alimentos, independientemente de los costos (o externalidades) que esa producción tenga.

Diversas administraciones federales, desde el fin de la década de los 80 del siglo pasado, han ido desmantelando la capacidad nacional de investigación agrícola. He oído las “razones” de algunos altos funcionarios de los sucesivos gobiernos para reducir el apoyo, primero al Instituto de Investigaciones Agrícolas (INIA) y al posterior INIFAP, que incluía a los sectores forestal y pecuario.

Algunas razones tenían fundamento en controlar una profesión (la agronómica) que hasta mediados de los 70 era lo que se conocía como una “profesión de Estado”, es decir, que los egresados de las escuelas de agricultura (al menos en el caso de la antigua Escuela Nacional de Agricultura en Chapingo) tenían garantizada una plaza de trabajo. Adicionalmente, se estableció en el INIA —con el loable propósito de elevar el nivel de los investigadores— un escalafón de puestos dependiente de los posgrados obtenidos por el personal.

Esto estableció una burocratización en la evaluación del personal, y convirtió en un trámite lo que debería ser un verdadero mecanismo de mejoría profesional y académica. Resultado: poca creatividad e innovación.

Pero aun así, la medida de reducir el presupuesto a la investigación agrícola fue equivalente a matar de hambre a los hijos porque comían alimentos chatarra, en lugar de establecer dietas correctas para su sano crecimiento.

El resultado ha sido fatídico para el país en dos frentes: el conocimiento agrícola acabó privatizándose en manos de compañías, nacionales o privadas, que fundamentalmente atienden a productores con recursos para pagar sus asesorías; por otro lado, los campesinos rurales, no muy importantes desde el punto de vista de su aporte a las estadísticas nacionales de producción agrícola, pero sí ciertamente en términos demográficos y culturales, quedaron casi totalmente fuera del interés e inversión en investigación agrícola nacional, y se convirtieron en sujetos predilectos de cuanto programa de ayuda social se haya podido diseñar, en lugar de trabajar con ellos, entendiendo y apreciando sus técnicas de producción, en muchos casos las más adecuadas para las circunstancias en que laboran su tierra, dándoles apoyo para asegurar regularmente su producción de subsistencia (en muchos casos no pueden hacer más que eso).

La pregunta hecha en una anterior entrega sobre el tema sigue en pie: ¿en qué foros y de qué manera vamos a discutir en el país las políticas que nos acercarán a una producción agrícola sustentable hacia mediados del siglo presente? ¿Con qué investigación agrícola y ecológica nos vamos a apoyar para valorar opciones?

¿Por qué nunca vamos al fondo de las cuestiones para analizarlas en bien del país? Preguntas sin respuesta, como de costumbre.

jose.sarukhan@hotmail.com

Investigador del Instituto de Ecología de la UNAM

Licenciatura en Biología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en 1964. En 1968 obtuvo la maestría en Botánica Agrícola en el Colegio de Posgraduados y en 1972 se doctoró en Ecología (University of Wales)

Director del Instituto de Biología de la UNAM, de 1979 a 1985. En 1987 fue designado Coordinador de la Investigación Científica de la propia UNAM y electo Rector en diciembre de 1988 para el periodo 1989-1992 y reelecto en este cargo para el periodo 1993-1996. Es investigador titular en el Instituto de Ecología desde 1988.

Ha publicado más de ciento diez trabajos de investigación y varios libros y ha sido el promotor del principal grupo de investigación ecológica en México, en el Instituto de Ecología de la UNAM.