Ahora anuncia la oposición en el Congreso que impugnará ante la Corte la decisión. Ya se nos hizo costumbre que, con cada conflicto, inconformidad o posible afectación de intereses, las instituciones, las leyes, el Estado en su conjunto se “estire” a la medida de los requerimientos coyunturales.

De esta manera, las autoridades esquivan los problemas derivados de tomar decisiones. Sucedió con el IFE cuando sobreseyó el conflicto entre políticos y televisoras por la transmisión de spots; con las polémicas resoluciones de la Suprema Corte a propósito de la pederastia; con la creación de una comisión binacional por el caso Florence Cassez. Erráticas decisiones que han propiciado la debilidad del Estado mexicano, una estructura —la única que tenemos— que permite cohesionar a los individuos en torno a una nación.

Noam Chomsky, analista del Tecnológico de Massachussetts (MIT), denomina Estado fallido a los países que tienen tres condiciones: 1) incapacidad o desgano para proteger a la población, 2) indiferencia por las leyes y convenios internacionales y 3) funcionamiento parcial de las instituciones democráticas.

Mientras las élites del país sean incapaces de ser congruentes, el resto de la población quedará en la incertidumbre. La fragilidad estatal derivada de ese relativismo abre la puerta para que los poderes fácticos —criminales, económicos, gremiales, políticos— sigan dictando la agenda de los asuntos públicos, como lo han hecho hasta ahora.

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los derechos humanos, son los principios que rigen la editorial que día a día publica EL UNIVERSAL en torno a los acontecimientos principales en México y el resto del mundo.