El prestigio no tiene ningún valor entre la mayoría de nuestros representantes. Están dispuestos a que los medios informen sobre el manejo discrecional que hacen de los recursos públicos, porque asumen que no hay consecuencias reales. Algunos si a caso les explicarán a sus hijos que no es que sean deshonestos, sino que los periodistas son malintencionados. Es sólo un ejemplo del uso irresponsable que han hecho los legisladores de los recursos públicos. La semana pasada la Auditoría Superior de la Federación informó que encontró transferencias injustificables, reparto de remanentes, utilización dudosa de recursos por economías en 2007.

Lo público está vinculado a lo común, a lo compartido, a la interacción de intereses generalizables. Pero casi todos nuestros representantes tienen poco respeto por lo colectivo. Una vez que asumen el poder se asignan privilegios que los diferencian del resto de los ciudadanos y administran los recursos públicos como si fueran privados. ¿Qué incentivos tienen quienes hacen las reglas y reparten los recursos para actuar honestamente? Ninguno. No están motivados para rendir cuentas ni para asignar los dineros públicos con responsabilidad redistributiva. La impunidad es tan amplia, que les otorga hasta la oportunidad de saltar de una curul federal a una local o a una delegación sin problema alguno.

Y mientras la corrupción parece nunca acabar, el país está ávido de una cultura fiscal en la que se reconozca el valor de los contribuyentes y se motive a los ciudadanos a cooperar por el interés público. Es necesario incrementar el pago efectivo de impuestos, disminuir la evasión, confiar en que si todos ponemos todos ganamos.

Sabemos que poco podemos esperar de quienes sustentan el poder, a menos que detecten en su opacidad operativa algún riesgo político inminente. Así que la corrupción seguirá consumándose si los ciudadanos nos quedamos callados. Tenemos que asumir que el silencio implica complicidad. Somos muchos los que sentimos hartazgo, pero tenemos que traducir ese hastío en participación para la protección de lo público.

Convencidos de que hay que exigir rendición de cuentas y consecuencias legales y administrativas en caso de existir ilícito en la “compensación” que hicieron del impuesto al aguinaldo 2008, en el movimiento Dejemos de Hacernos Pendejos iniciamos la Operación DHP*001, “Diputados coludos, ciudadanos rabones”. Más de 3 mil 500 ciudadanos exigimos a los diputados que nos informen el mecanismo por el cual han sido recuperados de los impuestos sobre su aguinaldo de 2008. Solicitamos, además, la comprobación y justificación del ejercicio de las subvenciones utilizadas en el caso de ser éstas el mecanismo de recuperación del impuesto. Finalmente solicitamos que de existir la posible comisión de un delito tipificado, se informe a la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación y se dé parte a la Procuraduría General de la República.

La Operación DHP*001 es un ejercicio de participación que busca generar reflexión, autoevaluación, denuncia y organización. Si los ciudadanos sentimos indignación al enterarnos de que los diputados no cumplen con sus responsabilidades fiscales, debemos preguntarnos si nosotros lo hacemos. Aunque es cuestionable la administración de los recursos del país, los ingresos que obtengamos dependen de la corresponsabilidad de los contribuyentes. El que firma se compromete. Algunos ciudadanos decidieron no firmar porque no estaban al día en el pago de sus impuestos. Otros firmaron con desesperanza. Los más firmaron convencidos de que su opinión cuenta y debe ser atendida por sus representantes.

Hoy, a las 11:00 am, un grupo de representantes del movimiento entregará la petición al presidente de la Cámara de Diputados, César Duarte. Confiamos en que sea atendida oportunamente y conforme a la ley, para que el uso de la voz y el ejercicio de los derechos de la ciudadanía se traduzcan en consecuencias reales para los poderes públicos.

Representante de DHP