Este año la contienda electoral se regirá bajo una nueva cuota en materia de género a raíz de la más reciente reforma electoral. El Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales (Cofipe) establece que de la totalidad de las candidaturas a diputados federales que presenten los partidos al menos 40% deberán integrarse por un mismo género.

Aunque la ley da la posibilidad de que 40% de las candidaturas sean ocupadas por hombres y 60% por mujeres, lo previsible es que no será así; a pesar de las acciones afirmativas establecidas en el papel a favor de la equidad y de la lucha histórica de muchas mujeres por ocupar puestos de decisión en la vida pública de nuestro país.

La cuota de género establecida en el COFIPE es una más de las llamadas “acciones afirmativas” que se han tomado para generar un piso común de oportunidades entre mujeres y hombres.

Sin embargo; para que las acciones afirmativas se traduzcan en cambios reales deben de estar acompañadas de voluntad política y de una transformación cultural en la que las mujeres tengan las mismas posibilidades que los hombres de acceder a puestos de decisión, así como una nueva concepción social alejada de los prejuicios tradicionales sobre las labores que desempañan hombres y mujeres en función de su sexo.

En el debate en torno a la reforma electoral, hubo legisladores que argumentaron que la poca participación de las mujeres en la toma de decisiones de poder público no se debe a que se limiten sus derechos políticos electorales sino a que tienen otras prioridades: casa, hijos, profesión, etc.

Por su parte, los partidos políticos hasta el día de hoy no se han hecho cargo de asegurar que en sus procesos internos de selección de candidaturas no existen obstáculos fácticos que propicien la inequidad entre hombres y mujeres o entre mujeres de origen urbano y origen rural, y no han establecido mecanismos y acciones diferenciadas necesarias para su inclusión o para el correcto ejercicio de sus derechos político electorales.

La mayoría de los partidos limitan sus políticas internas de equidad al asegurar que en sus respectivos institutos de formación política las oportunidades de ingreso están abiertas para ambos sexos; sin promover de manera eficiente la inclusión y la participación activa e informada de más mujeres en sus filas partidistas. Para ello se requiere del diseño, implementación, monitoreo y evaluación de programas y proyectos con objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo en las instituciones políticas.

La ineficacia de las acciones positivas en materia de género como acciones de mera simulación pueden con frecuencia degenerar en prácticas ya conocidas; las mujeres suelen ser candidatas de distritos dónde el partido no tiene expectativas de triunfo electoral o la repetida práctica de hacerlas firmar cartas de renuncia a favor del suplente varón, y otras prácticas resultan doblemente discriminatorias porque no sólo burlan las “acciones positivas” establecidas jurídicamente en materia de género, sino que constantemente relegan a la mujer a un segundo plano a pesar de las disposiciones jurídicas para evitarlo.

Es necesario, entonces, adoptar políticas multidisciplinarias que les permitan a las mujeres asumir y exigir sus derechos y que los hombres empiecen a asumir el empoderamiento de las mujeres. Se trata, además, de una deuda histórica que tienen las cúpulas políticas con las mujeres mexicanas.

El porcentaje de 60 a 40% para acceder a las candidaturas sigue siendo un porcentaje de participación política inequitativo; y las modificaciones a la ley corren el riesgo de ser mera simulación, máxime si este porcentaje está regido por una excepción que establece el Cofipe al señalar que quedan exceptuadas las candidaturas que sean resultado de un proceso de elección democrático, conforme a los estatutos de cada partido.

El reto para las mujeres y los hombres en materia de equidad de género para este 2009, por lo menos en cuanto a los derechos políticos y electorales, es que no existan simulaciones en las candidaturas por parte de los partidos políticos y que la reforma electoral se traduzca en escaños ocupados por mujeres en la próxima Legislatura.

Investigadora