En 1996, una reforma constitucional definió las remuneraciones que los consejeros electorales federales debían percibir. Quedó establecido que sus ingresos serían idénticos a los de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quizá el legislador no pensó entonces que tal ingreso sería con los años el más elevado de entre los que paga el Estado mexicano, contando prestaciones, incluso por encima del Presidente de la República.

Sin embargo, la prudencia que caracterizó a José Woldenberg y posteriormente la mesura a propósito de este tema que se impuso Luis Carlos Ugalde hicieron que en los hechos los consejeros electorales recibieran durante los últimos 13 años un ingreso real inferior al de los ministros.

Hasta la semana pasada los consejeros electorales tenían un ingreso mensual de 178 mil pesos, una cantidad menor a la que perciben los ministros como salario, que actualmente es de 286 mil pesos aproximadamente, sin contar prestaciones vinculadas a sus respectivos fondos para el retiro. Con este argumento en la mano algunos consejeros electorales se pronunciaron ante el Consejo General del IFE por homologar vertiginosamente la diferencia. De un plumazo, entonces, incrementaron sus ingresos en más de 46%.

Pensaron tal vez que debido a que varios dejarán sus asientos en octubre del próximo año necesitaban protegerse del eventual desempleo. No cabe duda de que en estos tiempos de crisis los funcionarios públicos están obsesionados con sus respectivos bonos de marcha decorosa, como ya lo vimos con los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Desde el punto de vista legal los consejeros que buscaron el aumento poseen algo de razón. Si la ley les otorga un ingreso, el IFE debe garantizarlo. Sin embargo, tal como lo prueban las gestiones de Woldenberg y Ugalde, sí es facultad de los consejeros ejercer la mesura en tiempos de crisis económica sin que tal cosa implique violar la ley. En otras palabras, es decisión suya y sólo suya incrementarse el ingreso o mantenerlo en los niveles que la templanza política recomienda en estos momentos tan difíciles para el resto de los mexicanos. Por fortuna para el erario y para el propio IFE, los consejeros renunciaron ayer por la tarde al incremento que horas antes se aprobaron con el argumento de que “así lo dice la ley”.

Demasiado tarde, sin embargo, para una ciudadanía que ha tomado nota del asunto. Queda registrado un mal cálculo político a propósito de la manera como este acto afectó el prestigio del IFE, que por estas fechas ha alcanzado su mínimo histórico. No olvidemos que ya pasada la elección de 2006, después del envío de las instituciones al demonio por parte de Andrés Manuel López Obrador, el IFE sostenía 70% de valoraciones positivas sobre su actuación. Hoy su aprecio ronda apenas 50%.

El IFE deberá tener clara esta lección de la opinión pública, pues como bien sabemos los mexicanos, a quienes tanto nos gusta el futbol, un árbitro sin prestigio sirve para muy poco. Dijo el consejero Virgilio Andrade: “Fue un mal sueño”. ¿Será?

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los derechos humanos, son los principios que rigen la editorial que día a día publica EL UNIVERSAL en torno a los acontecimientos principales en México y el resto del mundo.