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Las elecciones de diputados y de algunos gobernadores concentrarán la atención pública este año. Menos conocidos pero tanto o más importantes serán también los relevos en Banco de México, Suprema Corte, Auditoria Superior de la Federación, Consejo de la Judicatura Federal, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Pemex, Instituto Federal de Acceso a la Información y Comisión de Derechos Humanos del DF. Por su bajo perfil mediático —en comparación con las designaciones a través del voto popular—, estos cargos corren el riesgo de ser secuestrados por las élites partidistas.

Son organismos que tendrían que estar blindados frente a los intereses políticos de las élites en beneficio del interés general. Gracias a ellos existen equilibrios dentro del Estado. Frente a cada poder se coloca un contrapoder. Así pueden protegerse los ciudadanos de las tentaciones autoritarias.

Quienes los eligen deberían garantizar su independencia de los intereses partidarios coyunturales. Desafortunadamente, en México se ha pervertido el relevo en estas instituciones clave de la democracia nacional. Se han vuelto moneda de cambio en el entramado de las negociaciones partidistas. Hace un año, en febrero de 2008, el PAN, el PRD y el PRI eligieron nuevos consejeros del IFE luego de que dejaran al instituto sin presidente durante dos meses, porque no se pusieron de acuerdo en quién sustituiría a Luis Carlos Ugalde. Cada uno buscó orientar al IFE a su favor con miras hacia los comicios federales de 2009 y 2012, con lo cual consiguieron algo que parecía difícil a estas alturas: restarle al instituto aún más credibilidad.

La experiencia reciente demuestra que a los legisladores poco les importan los méritos de la persona para decidir nombrarla en un cargo. Más relevante les resulta su lealtad. Tan grave es la cooptación que hoy ya es común referirse a algunos consejeros, ministros o comisionados como “azules”, “verdes”, “tricolores” o “amarillos”, es decir, como representantes de los partidos en los organismos públicos autónomos.

Con tales antecedentes, no es descabellado esperar un escenario en que el PAN exija al PRI la atribución exclusiva de nombrar al director del Banco de México para que, en compensación, el PRI demande quedarse con la designación de los ministros de la Corte, y mientras, que el PRD levante la mano para escoger al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Todo a la medida de una rebatinga de mercado similar al procedimiento que utilizan para distribuir el presupuesto público o designar comisiones en las cámaras legislativas.

Si los próximos dos ministros de la Suprema Corte, el gobernador del Banco de México, los presidentes de la CNDH y de la CDHDF, cuatro consejeros profesionales para el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y el siguiente auditor Superior de la Federación son cooptados por la oligarquía partidista, el interés ciudadano perderá peso en la vida institucional y sobre todo protección frente a los abusos de poder.

Debemos estar alertas con el objeto de que se fijen criterios precisos para que los mejores y no los más obedientes ocupen esos vitales cargos. Hay mucho en juego como para dejarle esta partida en exclusiva a la encumbrada clase política mexicana.