En muchos casos, estos organismos surgen como triunfo de movimientos democratizadores. Ese es el caso del IFE “ciudadanizado” en 1995-96, y del IFAI en 2002. La autonomía del INEGI fue uno de los “20 Compromisos por la Democracia” promovidos desde la sociedad civil en 1994, logrado apenas el año pasado.

El diseño institucional de un OPA no es sencillo. La fórmula para fortalecer la independencia que es indispensable para ejercer las funciones encomendadas a este tipo de organismos, se condensa en conceptos como la “ciudadanización” y la “autonomía”. En realidad se trata de mezclas diversas de varios ingredientes, como la claridad del mandato y los mecanismos para cumplirlo; la autonomía presupuestal, técnica y administrativa; y las atribuciones y medios para sancionar.

Otros componentes fundamentales son los procedimientos de los órganos del Congreso para nombrar a los titulares y a los consejeros de estos organismos. Hay varios ejemplos de por qué no basta un buen diseño institucional y de la importancia del proceso de selección de los órganos de dirección a fin de asegurar, de frente a la sociedad y no en arreglos partidistas secretos, nombramientos de personas con capacidad, independencia, ética pública y trayectoria de compromiso democrático.

Titulares mediocres más preocupados por su carrera política y consejeros sesgados por la defensa de los intereses de quienes los han nombrado han sido un veneno que carcome la credibilidad y la efectividad de algunos OPA en la etapa reciente. El Consejo del IFE de Ugalde y la CNDH de Soberanes son ejemplo y se ha documentado en estudios sólidos y ponderados cómo no han estado a la altura de su responsabilidad.

Sin embargo esta experiencia malograda no debe prevalecer en la evaluación sobre la importancia y la potencialidad de estos organismos como activos de la frágil democracia. Mal harían los demócratas de cualquier signo político e ideológico si predominara la resignación frente a la partidización y la subordinación que han sufrido organismos que por vocación deben actuar como “defensores del pueblo” y contrapeso de los abusos de poder.

En noviembre el Senado ejercerá su función de elector de titulares de dos OPA: el gobernador del Banco de México y el titular de la CNDH. Simultáneamente tendrá en sus manos el nombramiento de dos magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El escenario es sombrío. La probabilidad de un reparto de botín, mediante cuotas partidarias y mediante procedimientos oscuros es alta. El Senado no ha podido nombrar a cuatro consejeros de la CNDH; en el caso de dos de ellos su periodo terminó hace más de un año. Los nombramientos de consejeros del IFE en la Cámara de Diputados no sientan un buen precedente.

El escenario puede ser modificado. La demanda ciudadana democrática es clara: el nombramiento de los titulares de la CNDH, del Banco de México y de los dos ministros de la SCJN debe hacerse con base en los perfiles necesarios para cada puesto en su propio mérito y en las trayectorias públicas de los aspirantes. La selección debe ser pulcra, con procedimientos transparentes y que generen certidumbre. Esta es una exigencia básica, una agenda mínima, pero dados los antecedentes, sólo se puede lograr si se exige ya y se exige con fuerza desde todos los ámbitos.

La gobernabilidad y el futuro de México requieren fortalecer a la SCJN, al Banco de México y a la CNDH para que cumplan su función con independencia y legitimidad. Que así sea depende de las voces y la energía de la sociedad para rescatar sus instituciones democráticas.

Presidente de Alianza Cívica, AC