En estas páginas, el lunes, Pedro Salazar desmontó uno a uno los argumentos con los que esos consejeros claudicaron de su obligación de aplicar la ley. No pretendo repetir aquí las falacias jurídicas y argumentativas que sustentaron esa decisión, ni tampoco reiterar las razones expuestas por los consejeros Alfredo Figueroa, Virgilio Andrade y el presidente Leonardo Valdés en su fallida defensa de las atribuciones del IFE.

Prefiero subrayar algunas de las implicaciones que esa decisión puede tener en el futuro.

Como es sabido, la actitud desafiante e ilegal de la televisoras continuó en los días posteriores al no transmitir los pautados de publicidad que el IFE les remitió, provocando el inicio de nuevos procedimientos.

Pues bien, con los falaces argumentos usados para desechar las propuestas de sanción el viernes pasado, los consejeros también deberían desechar los nuevos procedimientos. En efecto, al haber reinterpretado la jerarquía jurídica de las normas y haber colocado a un documento de dudoso valor legal, las “bases de colaboración” entre la CIRT y el IFE, por encima de la Constitución y del Cofipe, resulta imposible sancionar la no transmisión de la publicidad electoral en que las televisoras incurrieron posteriormente. Si la “buena voluntad” expresada en ese documento es, para la mayoría de los consejeros, una fuente de derecho más importante que la ley, ¿cómo sancionarlos si ya prometieron portarse bien?

Es el mundo del absurdo. Y lo peor es que esta claudicación por parte del IFE de aplicar la ley parece haber sido consentida (o pedida) por buena parte de la clase política. El escandaloso silencio guardado por el PAN y el PRI y la renuncia que hizo la Secretaría de Gobernación a su estatus de autoridad en la materia (asumiendo el ridículo papel de mediador en el conflicto) solapan al más puro estilo de la omertà (la complicidad típica de la mafia siciliana) la conducta ilegal de la mayoría de los consejeros.

El más elemental sentido común hace suponer que al gobierno, a varios partidos y a la mayoría de los consejeros (que actuaron más como correas de transmisión de esos intereses que como autoridad electoral) se les doblaron las manos y les temblaron las rodillas ante la presión de las televisoras.

Pero, más allá del sentido común, lo que es indudable es que, hasta ahora, el Estado perdió, por mucho, este round frente a los poderes mediáticos y queda muy maltrecho para lo que sigue. Y si dejamos de lado las lecturas cortoplacistas a las que están acostumbrados nuestros gobernantes, nuestros políticos y nuestros empresarios, al haber perdido el Estado perdimos todos.

Hasta ayer por la noche todo parecía indicar que el PRD impugnaría la resolución del IFE. ¡Ojalá así sea! ¡Y ojalá el Tribunal Electoral reivindique la supremacía del Estado —como lo hiciera en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de la ley Televisa— frente a los intereses mediáticos revocando la lamentable decisión del IFE! Tal vez, a pesar de todo, exista en algunos políticos la altitud de miras y el valor de anteponer el interés común a sus intereses particulares, y eso sería de celebrarse frente a la mezquindad imperante.

Investigador y profesor de la UNAM

Licenciado en Derecho por la UNAM y doctor en Teoría Política por la Universidad de Turín Italia. Es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (en donde coordina el área de derecho electoral) y profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM.

Experto en temas político-electorales, de formas de gobierno, de control constitucional y de derechos fundamentales. Autor de varias publicaciones de derecho electoral, derecho constitucional y teoría política. Analista y comentarista de temas jurídicos y políticos de El Universal y de varios medios electrónicos de comunicación.