El primer argumento, presentado por el consejero Baños, es jurídicamente insostenible. Lo que estaba a consideración del Consejo General era la aplicación de la ley para determinados eventos por todos (re)conocidos. La materialización del supuesto normativo no dependía —como sugirió el consejero— de la repetición en el tiempo del acto antijurídico sino de su verificación fáctica, concreta, probada. ¿Qué es eso de “sí se violó la ley pero, como ya no lo siguieron haciendo, no hay materia para el castigo”? En todo caso debieron declarar infundado el recurso pero no podían hacerlo porque ello habría implicado entrar al fondo del asunto y, si lo hacían, sabían que tenían que imponer sanciones. Esto es así porque el hecho fue probado y la norma para sancionarlo existe. De ahí lo grave del caso: la decisión de no sancionar fue adoptada por razones extrajurídicas. Con ello, los consejeros socavaron el principio de legalidad que obliga a la autoridad a aplicar, con firmeza, la legislación vigente.

El segundo argumento, expuesto con titubeos por el consejero Nacif, es contradictorio con el anterior. Si el asunto debía sobreseerse, entonces, no cabía valorar la (in)existencia de un fundamento jurídico para sancionar. El consejero, supongo que sin darse cuenta, entró al fondo del asunto pero, como lo que quería era evitar las sanciones, y no estaba preocupado en motivar el sentido de su voto, terminó sumándose al sobreseimiento. Pero, además, el argumento, en sí mismo, es equivocado. No sólo existían disposiciones legales aplicables al caso (como bien mostró el secretario ejecutivo en su proyecto) sino que el principio de “estricta aplicación de la ley” —que sirvió de argumento para el politólogo consejero— es propio de la materia penal y no del procedimiento administrativo electoral. En este último la interpretación normativa es un instrumento medular para aplicar el derecho.

El tercer argumento es absurdo desde la perspectiva jurídica e ingenuo desde el punto de vista político. El acuerdo celebrado por algunos funcionarios del IFE y los representantes de la CIRT no tiene valor legal alguno (ni siquiera contiene fundamentación jurídica), es una carta de buenas intenciones que, bajo ninguna circunstancia, puede interpretarse como una excusante de responsabilidades para quien incumple la ley. Para colmo, como bien advirtió en la sesión el consejero presidente, ni siquiera fue firmado por Televisa y TV Azteca, sino por la cámara de la industria. Pero, además, ¿por qué creer que los concesionarios ahora sí cumplirán con la ley cuando los consejeros les acaban de informar que no sucede nada cuando no lo hacen? ¿desde cuándo la impunidad es un incentivo para el cumplimiento?

El estado de derecho se construye aplicando la ley y no mediante componendas. El viernes, los cinco consejeros electorales sumaron su voz a los que gritan: ¡al diablo con las instituciones! Paradojas de este México en crisis.

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

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