Ciudades como Guadalajara y el Distrito Federal han querido dar pasos hacia adelante en este sentido; sin embargo, chocan sus buenas intenciones con la mala infraestructura y la escasa capacitación del personal encargado de la recolección de los desechos. A pesar de que los ciudadanos diferencien basura orgánica de inorgánica toda se vuelve a confundir al llegar al vehículo o al vertedero. No hace falta decir que un tratamiento más específico —como podría ser el manejo de productos industriales, basura electrónica o desechos de hospitales— resulta imposible con la actual estructura legal e institucional.

El Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 2008-2012, de la Semarnat, admite que el problema “supera la capacidad de atención y la disponibilidad de recursos financieros del sector público, por lo que es indispensable la participación de los demás actores de la sociedad para encontrar la solución a fondo”.

Ese es justo el problema, de que la máxima autoridad ambiental del país no sepa qué hacer a la hora de enfrentar la acumulación de basura y considere la falta de recursos públicos como el gran dique en la materia en vez de ubicar el lastre en la nula organización y visión de sustentabilidad.

No hemos ido más allá de las leyes y los decretos que por sí mismos nada han transformado. Sigue pendiente el tránsito de México, como cualquier país desarrollado, hacia el reciclaje y el aprovechamiento de la basura, la cultura de la separación, la recolección ordenada y sobre todo hacia un esquema que potencie el negocio alrededor de miles de toneladas de materiales susceptibles de ser convertidos en alimento para ganado, abono para la agricultura, energía para las ciudades.

La incapacidad para ver el tratamiento de residuos como un todo se refleja en la manera como nuestra legislación trata el asunto; desliga las responsabilidades municipales de las estatales y éstas, a su vez, de las federales. Mientras los alcaldes deben administrar los desechos más comunes, la Federación “debe” encargarse de desechos tóxicos biológicos y químicos; sin embargo, el gobierno central delega a los municipios también esa tarea y son pocos los gobernadores que establecen planes generales para atender el fenómeno, máxime en regiones con alto crecimiento demográfico. Basta ir a Morelos, Hidalgo y estado de México para descubrir que las autoridades dieron permisos para vivienda sin una adecuada planeación sanitaria, lo cual se ve reflejado en los ríos, las barrancas y los linderos de esas zonas ahora contaminadas.

Secretarios de Estado, gobernadores, alcaldes y legisladores ven este asunto sólo como un problema que debe ser alejado, contenido o eliminado en vez de entender, como lo hizo Antoine Lavoisier hace más de 200 años, que la materia no se crea ni se destruye, sólo se transforma. Tal vez el químico francés no sabía que la materia también puede generar energía y empleos sin dañar al ambiente, pero él vivía en el siglo XVIII. Para nuestra fortuna, los gobernantes mexicanos viven en el siglo XXI. Ahora esperemos que se den cuenta.

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