Que la reforma los haya fastidiado no es difícil de entender. El nuevo modelo de comunicación política centrado en la prohibición absoluta de compra de publicidad política en radio y televisión y en el uso de los tiempos del Estado representó, para los intereses mediáticos, una merma económica (pues los priva de ingresos hasta ahora cautivos), pero sobre todo una pérdida de poder (pues les quita, en gran medida, la capacidad de chantaje e, incluso, de sojuzgamiento que habían llegado a tener sobre los políticos).

Hasta ahora ese rechazo había sido evidente, tanto por la campaña de desinformación que desencadenaron contra la reforma como por haber recurrido a vías jurídicas (legítimas, sin duda) para impugnarla. Sin embargo el abuso —que no es otra cosa— en el que incurrieron en la transmisión de promocionales de los partidos y del IFE el fin de semana demuestra que las televisoras están dispuestas a escalar la confrontación contra el Estado y las normas constitucionales que rigen la materia a niveles inusitados.

Durante la transmisión de una serie de eventos de máxima audiencia, los concesionarios suspendieron abruptamente sus emisiones para presentar durante minutos interminables una sucesión encadenada de varios de los spots que el IFE les había remitido. Además, lo hicieron enmarcándolos con cortinillas en las que se achaca sin medias tintas la culpabilidad del hecho al IFE, a los partidos, al Congreso y a las normas constitucionales.

La maniobra es tan burda que revela, sin tapujos, la intención que persigue: crear entre los televidentes un contexto de hartazgo, animadversión y repudio frente a la reforma, sus autores y la autoridad encargada de instrumentarla.

El hecho no pasaría de ser anecdótico si no se tratara de instituciones todas, guste o no, que con sus imperfecciones son indispensables para la democracia. La apuesta de las televisoras es claramente autoritaria: apuesta por erosionar a la política, a las reglas del juego y, de paso, a las instituciones que, con todos sus defectos, hacen posible la convivencia democrática.

Y todo sustentado en un par de falacias que deben ser evidenciadas: ni las normas ni el IFE ordenaron “empaquetar” varios spots y tampoco ordenan la transmisión de los spots en un momento determinado de las emisiones, y mucho menos interrumpir la programación como ocurrió. Es más, hace un año, en febrero de 2008, en una reunión con funcionarios del IFE para discutir la instrumentación de la reforma, los representantes de la CIRT le solicitaron expresamente al instituto no pautara con precisión (en minutos y segundos) el momento de transmisión de los spots de los partidos y les permitiera ajustarlo a lo largo de las fracciones de una hora que mandata la ley, respetando con ello las particularidades de la programación (algo sin duda lógico).

Así se acordó. Hoy, abusando de esa concesión, las televisoras, con una sincronía asombrosa, decidieron transmitir no uno sino varios spots conjuntamente y no en las pausas de la publicidad, como mandaría la razón, sino en los momentos centrales de la programación.

Ayer, un defensor de los intereses mediáticos decía en la radio que la medida de las televisoras no estaba exenta de jiribilla, pero que era claro que los políticos se lo habían buscado. Si eso es cierto, entonces todo se reduce a un mero desafío de los poderes privados al Estado y eso, simple y sencillamente, es inaceptable.

Investigador y profesor en la UNAM

Licenciado en Derecho por la UNAM y doctor en Teoría Política por la Universidad de Turín Italia. Es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (en donde coordina el área de derecho electoral) y profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM.

Experto en temas político-electorales, de formas de gobierno, de control constitucional y de derechos fundamentales. Autor de varias publicaciones de derecho electoral, derecho constitucional y teoría política. Analista y comentarista de temas jurídicos y políticos de El Universal y de varios medios electrónicos de comunicación.