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México D.F., a 2 de febrero de 2009 | 11:43 PM

Editorial EL UNIVERSAL
Ejército: padre auxiliador
02 de febrero de 2009
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El Ejército patrulla en este momento las calles de Villanueva, municipio de Zacatecas, porque así lo exigieron los habitantes, hartos de los secuestros. Qué tanto ha cambiado este país en los últimos 30 años que ya las manifestaciones no son para solicitar la vuelta de los soldados a los cuarteles, sino para mantenerlos cerca de las casas. La inseguridad ha alterado percepciones y estilos de vida; ha orillado a muchos a abandonar sus residencias y otros a hacer justicia por propia mano. Corremos el riesgo de convertir en comunes medidas que sólo deberían ser de emergencia.

Hay dos razones para no desear que las necesarias Fuerzas Armadas realicen labores de seguridad pública. Una, por la historia en México. Cabe recordar, por ejemplo, que al amparo de las operaciones para perseguir a la guerrilla iniciada por Genaro Vázquez y continuada por Lucio Cabañas en Guerrero, las fuerzas militares, como política de Estado, recurrieron a todo tipo de atropellos a los derechos humanos con el fin de eliminar la insurgencia y amedrentar a posibles seguidores. De acuerdo con las conclusiones de la Fisicalía Especial sobre Movimientos Sociales y Políticos del Pasado hubo asesinatos a mansalva, bombardeo de comunidades, desaparición de cientos de campesinos y coerción a pueblos enteros para conseguir su colaboración.

La segunda razón para ser reticentes a la presencia militar es por la naturaleza misma de las Fuerzas Armadas. Aunque en México el Ejército y la Marina son de las instituciones más reconocidas por la población de acuerdo con las encuestas —sobre todo debido a la ayuda que prestan en tiempos de desastres naturales— su actividad en labores de seguridad pública incrementa el riesgo de violaciones a los derechos humanos. Ya lo hemos visto en los últimos dos años en retenes de carretera y operativos conjuntos. No por nada el gobierno federal ha aclarado ante Naciones Unidas —en informe sobre derechos humanos que será analizado públicamente en el seno de la organización en febrero— que planea el retiro paulatino del Ejército en tareas de seguridad.

El problema es que las condiciones de cumplimiento de dicha retirada implican reformas legislativas —aún truncas— en materia de seguridad pública y justicia penal, así como el “fortalecimiento” de las policías del país, situación que está lejos de concretarse si recordamos que cerca de la mitad de los uniformados carecen de los criterios mínimos de confianza según el propio gobierno.

Para desarrollar una ofensiva contra el narcotráfico era imprescindible que el Ejército tomara parte primordial de las acciones. La corrupción y la ineficiencia de las corporaciones policiacas hacía imposible confiar en otra institución; sin embargo, ya han pasado dos años y esas condiciones se mantienen. La mayoría de los policías —que son municipales y estatales— están subordinados a gobernadores que por la penetración del crimen organizado en sus estados parecen omisos, incapaces y/o cómplices de los delincuentes. Algunos incluso niegan el dominio de un cártel en su territorio con el argumento de que las ejecuciones son menores, siendo que ese es signo, justamente, de nula resistencia estatal por parte de las autoridades y bandas rivales.

Por ahora no hay condiciones para confiar en las reformas legales e institucionales prometidas en el pacto por la seguridad, pues no hay plazos ni obligación de dar seguimiento a las acciones realizadas. Mientras tanto, seguimos enfrentando a los criminales con medidas de emergencia. Así lo ha ordenado el gobierno federal y así lo exigen, por lo visto, las poblaciones más desesperadas.

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Comentarios 1-20
Lic.PedroGarcíaPalazuelos.
2009-02-02|16:39
San Carlos, Sonora; México.
El tema del que se ocupa el “Editorial” se observa inscrito en la lógica de la evolución en el desarrollo de los fines perseguidos desde Estados Unidos por los intereses radicales de la derecha y la milicia estadounidenses en cuanto a qué; la actividad del Narcotráfico en México –que falsamente aseguran es la CAUSA de la existencia, producción y tráfico de las drogas que fluyen al mercado estadounidense– TIENE SECUESTRADA LA CAPACIDAD IMPERATIVA Y OPERATIVA DEL GOBIERNO MEXICANO y que por el alto grado de “VIOLENCIA” que emplean, SON un peligro para la seguridad de Estados Unidos, lo que justificaría por parte de ellos una invasión militar a nuestro País. Aun cuando el tema es prolijo, rico y abundante, procuraré bosquejarlo en la forma más elemental posible con motivo del “Editorial”. el ACTUAL escenario nacional de la vorágine de los ACTOS delictivos empleando métodos inusualmente mediáticos, de alto impacto social o sanguinarios, se inició a partir aproximadamente del año 1996 bajo la Titularidad del PÉSIMO y entreguista primer Procurador General de la República de extracción PANISTA Antonio Lozano Gracia y, a partir del caso Zhenlí Ye Gon se potencializó y desencadenó con la FUERZA MEDIATIZADORA Y PARANÓICA que hasta hoy se le mantiene; fundamentalmente por los siguientes factores: A).-Por la PÉSIMA capacidad técnica-jurídica investigadora y persecutora mostrada (por ineptitud o colusión con los interéses estadounidenses) por los Titulares de la PGR, la SSPF y de Seguridad Nacional. B).- A pesar de los altísimos grados de ineptitud, infiltración y corrupción encontrados en las anteriores instituciones responsables de la Seguridad Pública y Nacional, La nó remoción en sus cargos de los titulares de ellas, por parte del Ejecutivo Federal, en detrimento de la Seguridad Publica Nacional. C).-La aceptación y suscripción del “Plán Mérida” por parte del mismo, en la forma aberrante, intervencionista y entreguista de nuestra soberanía y seguridad nacional en la que se encuentra creado. D).-La errada política de involucrar injustamente al Ejercito Mexicano en una “Guerra” contra la Delincuencia Organizada para la preservación de la Seguridad Pública Nacional, por la SUPUESTA “incontrolable” “incidencia” delictiva. La experiencia profesional judicial nos informa que la REALIDAD es que muchos de los actos delictivos y criminales están siendo INDUCIDOS, creados y consumados por mercenarios que desarrollan operaciones encubiertas tanto operativas delictivas como de infiltración en grupos de narcotraficantes, Instituciones de gobierno y otras áreas de la sociedad incluyendo medios de comunicación, como parte de una estrategia estadounidense para desestabilizar al País, empleando como argumento político operativo el supuesto “peligro” que representa para la seguridad interna de Estados Unidos la actividad del narcotráfico en México. Cuando son los propios estadounidenses quienes proveen todo EL ARMAMENTO bélico a los grupos de Delincuencia Organizada; les demandan, compran y consumen LAS DROGAS que comercian; y, desde Estados Unidos también, les remiten y envían el DINERO producto de los delitos. Por el bien de la salud pública nacional resulta indispensable que el Ejecutivo y Legislativo Federales, PRIVILEGIANDO los intereses de los mexicanos y aplicando los principios del derecho internacional reparen en lo que acontece. Lic. Pedro García Palazuelos.
roberto68
2009-02-02|13:40
Los Mochis, Ahome
Eso mismo debe hacer el ejercito en Sinaloa, Baja California Norte y Chihuahua, no se que espera el Presidente de la Republica, las corporaciones policiacas locales estàn inmiscuidas con el crimen organizado, como es posible que digan que disolvieron 300 cuerpos en acido, que no tienen cuerpos de inteligencia en nuestro Paìs.
bladerun
2009-02-02|12:20
iztapalapa
buenos comentarios, todos tenemos una obligacion, y la de los medios es informar con veracidad y en este caso analizar y estudiar de la epoca donde habla el autor fue hace mas de treinta años y era otro mexico y otras instituciones, el ejercito se a modernizado y a diario hay miles de revisiones de vehiculos y personas que amablemente acceden a ser revisados y sin embargo no hay quejas sino todo lo contrario, hay apoyo de la ciudadania, me gustaria que el autor nos diga que institucion puede hacer esta labor, de las cinco que el ejercito realiza en favor del pueblo de mexico, la verdad no me gusto esta editorial, le falto etica, que es lo que tanto nos hace falta en estos momentos
RENEAHUET
2009-02-02|11:53
MEXICO
Las fuerzas armadas están para intervenir en casos de riesgo de la seguridad nacional. Pregunto: ¿Acaso nuestra seguridad nacional no está en riesgo? Cuidado! ya nos están catalogando al nivel de Pakistán y aunque duela eso no es gratis. Si diariamente aparecen muertos en todas partes del país, nadie se siente seguro, ni a nivel personal ni empresarial ni institucional.
ignaciob
2009-02-02|08:57
celaya
esto demuestra que el sistema actual de seguridad no' sirve,por eso se recurrre al ajercito cuya funcion no' es hacerla de policia. y todavia se niega que tenemos un gobierno fallido.
oscarelo22
2009-02-02|08:07
Oakland Park
El editorial esta prejuiciado y parcialisado, no importa cuantas reformas se apliquen, ya sea que el ejercito se quede mas tiempo o se corriga a las policias, si los ciudadanos no cooperan y coordinan sus esfuerzos con autoridades, simplemente no cambia nada. Los abusos de derechos humanos se deben al valemadrismo de los ciudadanos, que no estan acostumbrados a respetar ley, menos aun si estan borrachos y se creen muy machos, les es dificil entender que los soldados estan imponiendo orden y ley, y ello implica obedecer sin titubeos. Desgraciadamente, en Mexico se explota la lastima para no enforzar la ley, se piensa que la policia, el ejercito, o el presidente mismo va a resolver todo, gracias a que nadie ha cultivado la cultura de participacion y ley, que no es otra cosa que incluirse en las soluciones, no solo quejarse y criticar. Bien hariamos en unirnos en un solo frente ejercito-ciudadanos, policias ciudadanos, solo asi provocaremos que los soldados retornen a sus cuarteles, la seguridad en las calles no es trabajo del ejercito, pero por ahora, en quien mas confiar?
  Acerca del autor
email:editor@eluniversal.com.mx

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los derechos humanos, son los principios que rigen la editorial que día a día publica EL UNIVERSAL en torno a los acontecimientos principales en México y el resto del mundo.

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