La realidad es que la batalla mediática que enfrentan el Presidente y su equipo es fenomenal. Además de la serie de reportes y comentarios por parte de funcionarios y ex funcionarios estadounidenses, el gobierno de México tiene un problema fundamental: la situación de violencia y criminalidad en el país sigue empeorando.

Los eventos de las últimas semanas francamente se están convirtiendo en una pesadilla mediática para el país. ¿Cómo acusar a los analistas de que están exagerando los niveles de violencia en la frontera cuando existen individuos como El Pozolero de Tijuana, con sus 300 y pico de cuerpos cocinados? La reputación de este individuo era tal que hasta corridos tenían a su nombre.

En otro frente, ¿qué podemos pensar de las notas informativas sobre funcionarios de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública detenidos por su presunta relación con el crimen organizado? Aunque todo mundo debería ser inocente hasta que se pruebe lo contrario, el daño ya se hizo no sólo a la reputación de estos individuos sino además a la credibilidad de estas instituciones, poniendo todavía en más duda la capacidad que tienen para perseguir a estas organizaciones criminales.

El reto no tiene que ver con los análisis ni con los comentarios hechos por funcionarios públicos ajenos a este país, el gran problema que tiene México es que enfrenta una ola de violencia y criminalidad casi inimaginable en la mayoría de los países democráticos del mundo. Estos reportes, por exagerados que le parezcan al gobierno de México, empiezan a tener tintes de credibilidad ante la realidad que se está viviendo en el país.

Lo que debe de preocupar y ocupar al presidente Calderón no tiene que ver con lo que piensen analistas y funcionarios extranjeros, sino con lo que piensan y están sintiendo los mexicanos. La misma canciller Patricia Espinosa señala que la violencia no afecta a todo el país, sino fundamentalmente a seis de los 32 estados de la República: Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Michoacán y Guerrero.

Más allá del debate acerca de si deberían de haber incluido a otros estados, la realidad es que seis entidades con síntomas de ingobernabilidad son demasiadas.

¿Entonces qué opciones tienen los ciudadanos que viven en estos “estados fallidos”? ¿Aguantarse y esperar que mejore la situación?

Ya están reaccionando: algunos se están armando, otros se organizan en grupos vigilantes o de autodefensa, con todos los riesgos y peligros que representan estos movimientos para la democracia y estabilidad del país (que le pregunten a los colombianos cómo les fue con estos grupos de autodefensa).

Y es que ante la incapacidad del Estado de proteger a la población, la pregunta es, recordando al Chapulín Colorado: ¿ahora quién podrá defendernos?

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Analista política

Especialista en temas relacionados con derecho internacional, seguridad nacional, cooperación antinarcóticos, reformas judiciales y conciliación. Fue subsecretaria adjunta de Defensa para Política y Apoyo Antidrogas del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Fungió como asesora política en la Casa Blanca (1998) y fue asesora especial en la Oficina de Asuntos Internacionales Antinarcóticos del Departamento de Estado (1995-1997). Debido a su desempeño en el Pentágono, la revista Hispanic Business Magazine la reconoció como una de los 100 hispanoamericanos más influyentes en EU.