La convención reconoce que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que cualquier otra persona, pero no las mismas oportunidades para ejercerlos, pues las barreras de actitud y entorno evitan que quien tiene alguna discapacidad física, sensorial, mental o intelectual pueda participar plena y efectivamente en la sociedad. La convención no presenta la discapacidad como un problema, enfermedad, situación a mejorar o necesidad a enfrentar. El eje del documento de Naciones Unidas es su interacción con las barreras del entorno y la necesidad de modificar éste en lo legal, político, social, económico y cultural a fin de hacerlo universal parta que cualquier persona, sin importar sus características, pueda desarrollarse como las demás.

En nuestro país las personas con discapacidad viven en desigualdad en muchos aspectos. Por ejemplo, para tener un diagnóstico acertado, recibir estimulación temprana, transitar la banqueta y cruzar la calle, usar el transporte público, ir a la escuela y recibir educación, contar con servicios médicos, estacionarse, hacer un trámite público, entrar a un restaurante, embarazarse, utilizar un avión, encontrar instalaciones deportivas, asistir al cine o al teatro, utilizar un baño, vivir en una familia integrada, sacar un pasaporte, conseguir un empleo, tener un ingreso suficiente, buscar una beca, votar, casarse, abrir una cuenta bancaria, practicar un culto, vivir la sexualidad libremente, tener un juicio justo, comprar un seguro médico, obtener un crédito, abrir un negocio, ver a los amigos, leer, llegar a un cargo público, envejecer… y un larguísimo y doloroso etcétera que se debe a una sociedad que históricamente ha sido pensada por y para personas sin discapacidad.

Con base en lo que plantea la convención, la Comisión de Derechos Humanos del DF presentó un Informe sobre los derechos de las personas con discapacidad en la ciudad. En dicho informe se analiza la situación que viven en relación a los siguientes derechos: salud, educación, trabajo, accesibilidad, acceso a la justicia, igualdad y no discriminación y capacidad jurídica. En cada tema se analiza la legislación internacional, federal y local, se revisan programas y acciones de gobierno, y se describe de qué forma se están violando estos derechos. Se presentan además una larga serie de propuestas para la Asamblea, el Gobierno y el Tribunal de Justicia de la ciudad.

La deuda histórica y los retos que se describen son enormes: subvaloración estadística que no permite saber cuántas personas tienen discapacidad, dónde están y qué requieren; ausencia de instancias públicas para garantizar la integralidad de los derechos; leyes que no se cumplen y que no sancionan el incumplimiento; una visión parcial y asistencial que centra prioritariamente las necesidades y las acciones públicas en aspectos médicos y en accesibilidad física; falta de planeación para adecuar la infraestructura social y urbana y a los servicios públicos por el cambio demográfico, que hará que haya más de 20% de adultos mayores en dos décadas; o una articulación entre los gobiernos delegacional, local y federal que, además de compleja, no se centra en buscar que la ciudadanía ejerza sus derechos.

Además, en el entorno social nos hemos acostumbrado a la desigualdad, aceptamos como natural la discriminación, no hay alarma social si quienes han esperado desde siempre lo siguen haciendo, ni hay costos políticos o económicos que incentiven u obliguen los cambios necesarios. Las personas con discapacidad tienen derechos, pero no tienen tiempo de esperar indefinidamente que se les incluya. Ahora es tiempo.

Secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

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